Durante todo el año 2021, la Contraloría detectó un perjuicio económico superior a los 5 millones en toda la región Huancavelica.

“El perjuicio económico al Estado se identifica a través de los controles posteriores, que son auditoría de cumplimiento y control específico, la Contraloría emitió 22 informes de control posterior donde identificaron responsabilidades de tipo administrativo, civil y penal”, manifestó Wilmer Figueroa Mendoza, gerente regional de control.

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Acotó: “Se han identificado un total de 147 funcionarios con algún tipo de responsabilidad administrativo, penal o civil; y son 250 responsabilidades, 91 de tipo civil, 29 de tipo penal y 130 de tipo administrativo, ya se emitieron los informes a las entidades correspondientes para que sigan su curso”.

Confirmó que, de los 22 informes de control posterior, en total suman un perjuicio económico al Estado, en Huancavelica, superior a los 5 millones de soles, que están identificados; por lo que los funcionarios implicados deberán de responder por la presunta inconducta funcional.

Asimismo, dijo que esa cifra solo corresponde a lo que pudieron detectar, sin embargo, la cifra de lo que en verdad se perdió por la corrupción gubernamental durante el año pasado podría superar los 600 millones de soles.

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“Tenemos más de 100 municipalidades, tenemos unidades ejecutoras del Gobierno Regional y otras entidades a las cuales no podemos llegar humanamente para realizar los controles, por lo que, a partir de los resultados conseguidos (en los 22 informes) se hace una extrapolación para ver en su integridad cuánto es el perjuicio”, afirmó el funcionario.

Acotó: “A nivel nacional se perdió 22 mil millones y a nivel de la región, que está entre los 7 primeros por ineficiencia, se perdió más de 600 millones de soles”.

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Figueroa Mendoza manifestó que, tras el balance del 2021, en total emitieron mil 385 informes; de los cuales cuatro son de control previo, en los cuales, para continuar con sus actividades, necesitan un informe de la Contraloría para continuar.

También emitieron 190 informes de control concurrente, 53 visitas de control y 583 orientaciones de oficio, en las cuales alertan situaciones adversas que podrían perjudicar a las entidades en el uso de los bienes públicos.