En medio de una creciente ola de descontento ciudadano, Huancayo se ha convertido en epicentro de la resistencia frente al reciente incremento salarial de la presidenta Dina Boluarte, quien elevó su sueldo mensual de S/15,600 a S/35,568, más una tarjeta de consumo de S/5,000. Dos voces huancaínas, con peso legal y político, han salido al frente para denunciar lo que consideran un atropello a la Constitución y un gesto insensible en tiempos de crisis
El abogado huancaíno Miguel Ángel Páucar Castellanos presentó ante el Poder Judicial una demanda de Acción Popular, solicitando la nulidad del mencionado decreto por considerar que vulnera los artículos 77, 78, 79 y 51 de la Constitución.
Páucar argumenta que este incremento carece de sustento legal, al no haber sido aprobado por el Congreso, y que la presidenta, como funcionaria electa, no está bajo el régimen del Servicio Civil ni su retribución puede definirse por normas administrativas como el CPE.“Es inconstitucional que quien ostenta el poder político se autoasigne un sueldo sin ley expresa”, advierte Páucar, subrayando que el gasto público debe estar sometido a control y legalidad.
