Ni décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos conformados por víctimas o familiares, ni esfuerzos desde los diversos estamentos del Estado, han conseguido disminuir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; más por el contrario estos se incrementan en la región. Según información del Ministerio Público solo en el Distrito Fiscal de Junín, desde la creación de las fiscalías especializadas en este tipo de delitos en julio del 2022, éstas tienen ya 21 428 casos.

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El caso más reciente es el de(33), quien terminó causando una herida en la cabeza de su esposa Gaby Ana C.C.(31) con un palo de escoba, hecho que pudo acabar en feminicidio. De estas cifras alarmantes de la violencia doméstica, 13 766 se registraron en la provincia de Huancayo, 2991 en Chupaca, 867 en Concepción, 1105 en Jauja, 2304 en Tarma, Yauli 464, Junín 573 y Tayacaja 627.

La Comisaría de Familia de Huancayo, informó que este 2023, los casos de violencia familiar en la zona urbana se incrementaron en casi el 40% con relación a un cuadro comparativo el 2022. El año pasado, fue el de menor cantidad de denuncias por violencia familiar, llegando a 772, sin embargo, este 2023 solo hasta octubre ya se tiene 739 casos.

“En el mes de la Lucha de la no violencia contra la mujer. Estamos con actividades de sensibilización sobre la no violencia, consumo excesivo de alcohol, ya que es la principal incidencia”señala la responsable de la Comisaría de Familia de Huancayo, Gladys Tovar Párraga.

Indiferencia no solo de las autoridades

Según el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, Miguel Villalobos Caballero, en la mayoría de casos el varón es el agresor hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Este problema comienza con faltas de respeto, la indiferencia, maltratos verbales, psicológicos, hasta que llegan al maltrato físico que puede terminar en muerte de la víctima o el agresor cuando la víctima intenta defenderse cansada de las agresiones. Entre las causas, están los celos enfermizos, el alcoholismo o el machismo marcado en la región.

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Un hecho que no ayuda en la investigación es que las personas que los denuncian, luego no aportan los indicios probatorios y terminan archivándose. Otro factor es que la víctima desiste de seguir con la denuncia.

“Si una mujer es maltratada y denuncia el hecho, cuando se le cita no va a declarar, el fiscal no puede hacer mucho sin la prueba, si no recaba cierto elemento probatorio como peritajes, certificados médicos o declaraciones, no va a tener elementos para avanzar y, esos casos quedan en abandono”, dijo Villalobos.

Para el magistrado el problema del incremento de casos no reside tanto del sistema legal, sino la transgresión que hay en las familias y se agudiza cuando las personas que son víctimas, no denuncian o no continúan con la denuncia.

Una gran carga procesal

Al número exponencial de casos de violencia y la desidia de las víctimas ante al denuncia, se suma el hecho que la agenda judicial de los juzgados especializados en estos delitos está copada hasta junio del 2027 y aún hay un aproximado de 175 procesos por programar, lo que ha causado malestar tanto en litigantes como en defensores y fiscales.

Tanto el Primer, Segundo y Tercer Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado ha programado un aproximado de doce juicio orales por magistrado a la semana como unipersonal, añadido a juicios orales como juzgado colegiado, además los procesos con reos en cárcel.

Por ello el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, observando que estos se encuentran en estado de sobrecarga procesal, crearon desde el último 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2023, el Juzgado Penal Colegiado Transitorio, para el apoyo en la descarga, integrado por los jueces Luis Oblitas, Mercedes Chuquipuima y Emperatriz Castillo.


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