El alcalde de El Tambo, Julio César Llallico, busca nuevamente que el Concejo apruebe este miércoles un segundo convenio con el Ministerio de Vivienda para el drenaje pluvial del distrito por 110 millones, en medio de polémicas por contratos adjudicados a la empresa de los cuñados del congresista Waldemar Cerrón, impulsor de este convenio. El burgomaestre al ser consultado evitó responder y se encerró en su oficina.

Mientras, los agentes municipales, igual que la vez anterior, estan convocado a sus integrantes para presionar al Concejo en apoyo al alcalde. Recientemente se firmó un primer convenio con el ministerio para dos sectores y el segundo cubrirá tres sectores mas.

Los cuñados facturan miles

Cuando el alcalde de El Tambo, Julio César Llallico, le entregó a Waldemar Cerrón el título de “Hijo Ilustre” el pasado 24 de junio de 2025, se destacó su “compromiso con los proyectos de inversión para el distrito”. Sin embargo, detrás del acto simbólico habría algo más que reconocimiento político: la adjudicación de un contrato por S/ 589,500 a la empresa Estación de Servicios y Gasocentro Angulo S.A.C., propiedad de los cuñados del congresista de Perú Libre, que venía gestionando los mismos proyectos por los que fue condecorado, este hecho fue puesto en evidedencia por una investigación del diario El Comercio.

La referida empresa es propiedad de Domingo y Edwin Angulo Manrique, hermanos de Paula Ángulo Manrique, a quienes Waldemar Cerrón consignó como sus cuñados y conviviente, respectivamente, cuando asumió como congresista. Con Paula tiene dos hijos.

En informes oficiales de representación, Waldemar Cerrón ha detallado varias visitas a El Tambo. El 19 de marzo de 2024, tres días después de la firma del contrato con la empresa de sus cuñados, participó en una mesa técnica junto al alcalde Llallico.

Un mes después, presentó un proyecto de ley para crear un circuito turístico que favorecería económicamente a la zona. En junio, acompañó la firma del convenio de drenaje pluvial por S/ 35 millones, anunciando un nuevo proyecto legislativo para la segunda etapa.“Es preocupante la coincidencia de tiempos entre la firma de contratos y la presentación de iniciativas legislativas. No hablamos de sospechas aisladas, sino de un modus operandi”, advierte Percy Núñez, regidor de El Tambo.

El contrato más sonado de la gestión Llallico —firmado en abril de 2025— fue el N.º 001-2025-MDT/GAF, por S/ 589,500. Este fue suscrito cuando todavía regía la Ley n.º 30225, que prohibía que familiares hasta segundo grado de afinidad (como los cuñados) de funcionarios públicos contraten con el Estado.Pero esta no fue una anomalía aislada. Durante la gestión de Carlos Curisinchi , inicialmente de las filas de PerúLibre (2019-2022), la misma empresa obtuvo un contrato por S/ 400,000 y 35 órdenes de compra adicionales.

Para el abogado y ex consejero regional Gines Barrios Alderete, lo ocurrido en El Tambo se inserta en un esquema más amplio y sistemático: “La conducta desplegada por el entorno familiar y político del congresista Waldemar Cerrón revela un patrón sistemático de aprovechamiento indebido del aparato estatal. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica reiterada que compromete seriamente el interés público”, sostiene.

Barrios añade que esta lógica de adjudicaciones direccionadas a familiares se remonta a la gestión de Vladimir Cerrón, hoy prófugo de la justicia. “Ahora, bajo el amparo del cargo congresal, se reedita este esquema en entidades como la Municipalidad de El Tambo, donde nuevamente aparecen sus cuñados como contratistas, incluso estando impedidos por ley. Hay un mensaje de impunidad y cinismo”, afirma.


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