Junín vuelve a ser protagonista de una realidad alarmante. Y es que el reciente informe de la Defensoría del Pueblo titulado “Responsabilidades derivadas del control posterior a nivel subnacional” ha sacudido el escenario político del país al revelar 5,719 casos de responsabilidad penal, civil y administrativa en gobiernos regionales y locales desde enero de 2023 hasta junio de 2025.
Para nuestra región lo más grave, es que cuatro alcaldes en funciones están directamente implicados en actos presuntamente irregulares. Uno a nivel provincial y tres a nivel distrital, enfrentan procesos por designaciones ilegales, uso indebido de recursos públicos, omisión de funciones y favorecimiento a terceros.
En el caso del Gobierno Regional de Junín, los hallazgos también son contundentes: se le atribuyen 20 casos de responsabilidad penal, lo que representa el 4% del total nacional entre gobiernos regionales. A esto se suman procesos administrativos y sancionadores (PAD: 8, PAS: 10).
En las municipalidades provinciales, Junín suma 42 casos penales, 16 civiles, 46 PAD y 37 PAS. Mientras tanto en el nivel distrital, la situación es aún más crítica: 38 casos penales, 38 civiles, 53 PAD y 14 PAS.
Tres alcaldes distritales en funciones están directamente involucrados en hechos irregulares, como designación ilegal de personal, uso indebido del cargo, y favorecimiento a terceros.
Consultada sobre el hecho, la regidora Fiorela Fabián señaló que este mapa de corrupción revela un patrón que se repite: el debilitamiento de los mecanismos de control, la falta de transparencia y la captura de instituciones por intereses particulares.
“La consecuencia es clara: la ciudadanía pierde acceso a servicios básicos como salud, educación y justicia, mientras las autoridades se blindan con trámites y silencio”, dijo.
La Defensoría exige medidas concretas: fortalecer la Contraloría, asignar recursos adecuados, y garantizar que los informes de control sean públicos y comprensibles. Junín necesita autoridades que gestionen con honestidad y den la cara.