La Defensoría del Pueblo ha publicado el informe “Corrupción en cifras: casos en trámite a nivel nacional”, que revela preocupantes datos sobre la corrupción en Perú. Según este reporte, al cierre del segundo semestre de 2024, la región de Lima lidera con el 21% de los casos, mientras que Junín ocupa el segundo lugar con un 6%, equivalente a 382 casos.
El informe destaca que las municipalidades son las entidades con mayor cantidad de casos de corrupción en trámite, representando más del 36% en Junín. De estos, 363 casos se encuentran en investigación preliminar.
Sin embargo, la realidad para Junín es más preocupante pues según Nora Flores Peñaloza, Procuradora Anticorrupción, la tendencia es creciente: “Los actos de corrupción no han disminuido; por el contrario, se están incrementando. La población ha comenzado a denunciar más, lo que también contribuye al aumento de casos”. A pesar de las intervenciones rápidas de la fiscalía y la procuraduría, el problema persiste debido a la falta de recursos y personal. Actualmente, la procuraduría tiene un total de 3,797 casos en manos desde el 2015.
Flores Peñaloza, señala que, a pesar de haber recuperado S/ 910,931.00 en reparaciones civiles el año pasado colocándonos en el primer lugar a nivel nacional, existe una sobrecarga procesal alarmante en las fiscalías. “El Ejecutivo debe fortalecer las capacidades del sistema anticorrupción dotando de más personal”, sugirió la procuradora. Actualmente, se están fijando audiencias para el año 2027, lo que plantea serias preocupaciones sobre la eficacia del sistema judicial.
“Es fundamental aumentar el número de fiscales adjuntos para manejar adecuadamente la carga procesal y asegurar que los casos no se queden estancados”, agregó Flores Peñaloza. La falta de peritos capacitados también es un obstáculo significativo en la lucha contra la corrupción.
En el distrito judicial de Junín, se llevaron a cabo 2,757 audiencias hasta noviembre de 2024; mientras que, en el distrito judicial de Selva Central se registraron 1,044 audiencias. Esto representa un promedio diario de entre 17 y 23 audiencias y alrededor de 400 audiencias mensuales.
El panorama es desalentador. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Anticorrupción y todo el subsistema anticorrupción continúan trabajando para revertir esta tendencia. La situación exige una respuesta inmediata y efectiva para garantizar una administración pública transparente y responsable. La colaboración entre instituciones y la participación activa de la ciudadanía son esenciales para enfrentar este flagelo que afecta al erario público.
