Como sociólogo he visitado diversas comunidades en el Perú analizando diversas estrategias para ayudar a reducir la pobreza. Considero, es plausible el incremento de presupuesto público destinado a la ayuda social para las ollas comunes, más aún con la actual crisis económica -agravada por la pandemia- y política, por la falta de consensos que impiden el desarrollo del país.

Sin embargo, es preciso señalar que esta medida sólo debe ser coyuntural y momentánea, porque lo que debería ocurrir es que, de incrementar gastos destinados a la ayuda social se debería trascender a generar desde el Estado la inversión social; es decir, enseñar a pescar y no dar pescado, como decían nuestros abuelos.

Empero, frente a las denuncias de corrupción en gobiernos pasados en torno a los programas sociales, urgen medidas preventivas destinadas a cuidar las arcas del tesoro público que son de todos los peruanos y se financian de los impuestos que pagamos. En ese sentido, muchos especialistas hemos recomendado reformas al sistema, entre ellas, para que las gerencias de estos programas sociales recaigan en manos de especialistas acreditados por un ente técnico como es la Autoridad Nacional del Servicio Civil - Servir.

Perú, aunque no se perciba, tiene un ejército de gerentes públicos no convocados por el Gobierno Central que fueron seleccionados en concursos públicos muy estrictos que -por su perfil- podrían lograr que dichos programas sociales sean transparentes y eficientes, además de garantizar el tránsito del gasto social hacia la inversión social y, por ende, que sean sostenibles en el tiempo para que puedan contribuir al desarrollo humano que gran falta le hace al Perú.

TAGS RELACIONADOS