Hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que el Perú violó varios derechos humanos contra pobladores de La Oroya, por no atender la contaminación que realizaba el complejo metalúrgico, al día de hoy el estado no hizo más que publicar que publicar y difundir la sentencia, pero sobre las medidas y reparaciones no hay acción alguna. Además, con la reactivación del complejo metalúrgico hay emisiones por encima de los estándares permitidos que continúa perjudicando la salud de las familias.
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La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligaba al Estado investigar la responsabilidad respecto a la contaminación del aire, además pedía un diagnóstico para determinar las afecciones a la salud de su población y cómo compensarlos, pero según los pobladores hasta el momento no se hizo nada,
“No han hecho nada para reparar han venido algunas campañas de salud a decirnos que el plomo es malo, pero hablan del que puede estar en los juguetes, nada sobre la calidad del aire”, dijo Yolanda, una de las 80 víctimas que denunciaron al Perú en la instancia internacional.
Continúa la contaminación
Siete días antes de que la Corte emitiera su sentencia, la empresa Metalurgia Business, la nueva empresa sucesora de Doe Run, volvió a operar en el complejo metalúrgico de La Oroya. Según la empresa la única unidad operativa que está funcionando es la planta que tuesta los concentrados de zinc y que representa, “aproximadamente, el 6% de la capacidad productiva del complejo”, sin embargo, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la peruana Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), aseguran que la metalúrgica sigue generando emisiones de dióxido de azufre por encima de los límites seguros.
A través de los datos registrados por la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en noviembre, diciembre y enero se reportaron emisiones entre los 384 y 605 microgramos por metro cúbico, cuando el estándar permitido para el complejo de La Oroya es de 250. Al respecto la empresa Metalurgia Business, explicó que los gases de dióxido de azufre que generan se transforman en ácido sulfúrico y que solo se refieren a las del 29 de diciembre que llegaron a los 605 microgramos por metro cúbico, esto debido a un corto circuito y tomaron medidas como la paralización de la planta y activación de un programa de contingencia.
A pesar de ello los pobladores de La Oroya, entre ellos los 80 ciudadanos que denunciaron al Estado Peruano, consideran que les siguen vulnerando sus derechos, ya que han sido víctimas de amenazas, además los mismos habitantes se polarizaron ya que algunos defienden su derecho al trabajo otros a la salud. Para un grupo la sentencia de la CIDH fue histórico y “se hizo justicia”, sin embargo, otros consideran que la justicia no puede quedarse solo en el papel, así como se mantiene hasta el día de hoy.
