Un empresario proveedor de instrumentos musicales y una familia dedicada a la mecánica acusan a la Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT) de llevarlos a la quiebra tras no pagarles por servicios y bienes entregados. En protesta, el empresario Fredy Coarita Coarita, procedente de Arequipa, inició una huelga de hambre encadenado desde ayer en la mañana frente al municipio, exigiendo el pago de S/793,500 por 600 instrumentos repartidos a 44 colegios.
Ayer, a los pocos minutos de que el empresario arequipeño inicie su huelga de hambre y se encadene, el sereno R. Prosopio V. llegó con el rostro completamente cubierto y con una actitud agresiva intentó quitarle sus cadenas y retirarlo del lugar a la fuerza. No lo consiguió. El empresario se quedó pernoctar en los exteriores de la MDT sin importarle el frío ni el hambre.
Coarita asegura que la comuna firmó una conciliación extrajudicial que reconocía la entrega de bienes y ordenaba el pago. “Se han enriquecido sin causa. Yo ya me empobrecí y ellos ya usaron los instrumentos”, dijo el empresario, quien presentó copias de resoluciones y actas de entrega. Además, denunció que las anulaciones del contrato fueron arbitrarias y sin motivación legal. “Lo que han hecho es copiar y pegar resoluciones para evadir su responsabilidad. Las resoluciones son ilegales y yo tengo pruebas”, agregó.
Lo culpan
El descargo del municipio fue dado por el gerente municipal, Juan Antonio Chang Mallqui, quien reconoció que los bienes sí fueron recibidos. “Sí, la entidad ha recibido los instrumentos, y obviamente se va a tener que tomar en consideración lo señalado por el acta de conciliación”, admitió, aunque aceptó que recién pediría información a la oficina de Administración. No obstante, también sostuvo que el proceso fue anulado por una supuesta transgresión a la libre concurrencia. “El proveedor participó como persona natural y como representante de una empresa, lo cual está prohibido por la norma”, afirmó.
En respuesta, Coarita aclaró que ya no era socio activo al momento de la licitación y que el proceso de contratación ya había culminado cuando se alertó la supuesta irregularidad. “Cuando dicen que era grupo económico, los instrumentos ya estaban en los colegios. ¿Por qué no alertaron antes? ¿Por qué usaron todo y luego anularon? Eso es ilegal”, señaló. Además, acusó a la municipalidad de dilatar el proceso y proteger al alcalde. “Ya no tengo más cómo sobrevivir. Estoy aquí, encadenado, y no me voy a mover hasta que me paguen”, señaló al borde de las lágrimas.
Se suman
A esta denuncia se suma la de Rafaela Mallma, esposa del empresario Francisco Coca, quien afirma que el municipio les debe S/150,000 por trabajos de mantenimiento realizados hace dos años. “Yo tengo la resolución, pero no nos quieren pagar. Mi esposo está enfermo, necesita operarse por tercera vez y no tenemos dinero. Yo ya no puedo más”, expresó entre lágrimas.
Luego de una breve reunión que tuvo el empresario con el gerente municipal y el gerente de administración, asegura que ninguna de las dos autoridades supo brindarle una respuesta coherente llegando a discutir entre ellos para luego “burlarse” de él. “Solo se tiraban la pelota entre ellos”, dijo.
