Durante el mes de julio, la violencia contra la mujer se incrementa notablemente en la región Junín. “Desde julio de 2022, hemos verificado un aumento del 15% en los casos de violencia respecto a los demás meses del año. Este repunte coincide con la celebración de la fiesta del santiago en el valle del Mantaro, una festividad que conlleva un incremento en el consumo de alcohol, directamente relacionado con la violencia intrafamiliar y de género. A mayor consumo de licor, mayor número de casos. A ello se suman las ideas preconcebidas y la estructura machista de nuestra sociedad, que propician situaciones de violencia contra la mujer”, señaló la coordinadora de la Fiscalía Superior Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Junín, Brenda Montenegro Arenaza. Desde el inicio de funciones de la fiscalía especializada, en 2022, hasta la fecha, se han atendido más de 21 mil casos de violencia en la región.
Agravante
La fiscal superior aclaró que, aunque el Código Penal contempla que ciertos grados de ebriedad puedan atenuar la responsabilidad penal, el artículo 170, relativo al delito de violación sexual, establece que el estado de embriaguez es considerado un agravante, no un atenuante.
Montenegro remarcó que no es aceptable embriagarse voluntariamente ante la posibilidad de cometer actos violentos. “No deberíamos colocarnos en estado de ebriedad sabiendo que podríamos atentar no solo contra nuestra integridad, sino también contra la de otros”, señaló.
En 2022 se registraron 3,731 casos de violencia, que aumentaron a 7,736 en 2023. En 2024 bajaron a 6,715, pero en 2025 ya suman 3,587, apuntando a un posible repunte. En un mes se reciben alrededor de 650 denuncias y el 85% corresponde a casos de agresiones físicas o psicológicas en contextos de violencia intrafamiliar o de género.
Además, se reporta una preocupante incidencia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, en zonas focalizadas como Jauja, donde recientemente se registraron tres feminicidios. “Las víctimas eran menores de 18 años, muchas con hijos y antecedentes de violencia de sus agresores”, detalló. Agregó que muchas familias dejan a sus hijos al cuidado de otros, quienes pueden ser agresores. “En el país, el 56.6 % de agresores son familiares cercanos como padres, tíos, primos o abuelos”, refirió.
Medidas
Montenegro explicó que ante una denuncia por violencia, la ley activa dos rutas: la primera son las medidas de protección dictadas por el Poder Judicial en un plazo de 24 a 72 horas; y la segunda, la investigación penal a cargo del Ministerio Público. La Policía Nacional del Perú, que recibe más del 80% de las denuncias, cumple un rol operativo fundamental, pero enfrenta limitaciones.
“En cada comisaría no hay personal suficiente para hacer seguimiento a todas las medidas de protección vigentes. Esa falta de control favorece la reincidencia”, finalizó.
