Sujeto ahorca y amenaza a mujer antes de intentar acuchillarla en Huancayo: “De acá no sales viva”
En Huancayo el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Charles Napurí inauguró el Debate Regional Descentralizado sobre la aplicación de la pena de muerte en casos de violación sexual de menores de edad. “Antes de adoptar una decisión trascendental, tenemos que escuchar a la población y venimos recorriendo las regiones organizando estas audiencias con la participación de las instituciones y organizaciones para analizar las implicaciones legales, éticas y sociales”, manifestó.
POSTURAS. El magistrado Cristóbal Rodríguez, precisó que, “no podemos permitir que la politiquería y el populismo penal formen parte de esta decisión. No debemos basarnos en encuestas para tomar esta decisión”, sostuvo. Agregó que, en el país, hay 12 mil procesados o condenados por violación sexual a menores y, ¿vamos a ejecutar a 12 mil ciudadanos? De esos, 12 mil 413 son jóvenes entre 18 y 24 años.Él defendió los derechos humanos. “Se deben proteger los derechos humanos y el derecho a la vida. El código penal ya impone cadena perpetua para los violadores de menores. En resumen, la pena de muerte no resocializa”, dijo.
Educación
El rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Amador Vilcatoma Sánchez, señaló que se trata de un tema muy sensible y que su solución debe estar enfocada en la prevención y atención de las víctimas. “Es fundamental abordar este tema con sensibilidad, considerando tanto las estadísticas de violencia como los derechos humanos y las implicaciones legales de cualquier cambio en la legislación penal”, señaló.
Añadió que, el tribunal internacional es tajante en su postura y que se opone a la pena de muerte e insta a las naciones a reducirla. “La pena de muerte no es una solución efectiva para prevenir el crimen ni para hacer justicia. Debe primar la rehabilitación y educación, y penas más largas como alternativas de solución”, remarcó.
A su turno, el prefecto regional de Junín, Nestor Taipe Orrego, aseveró que, el Perú es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Si el Perú opta por salir de la CIDH, habría consecuencias sociales, e incluso económicas. Esto sería un retroceso en la defensa de los derechos humanos”, sostuvo. Además, los ciudadanos peruanos quedarían desprotegidos en instancias internacionales.
Necesita una mejora
En representación del Colegio de Abogados de Junín, Charles Bonifacio, alegó que no es viable aplicar la pena de muerte y que el Perú tendría que retirarse del Pacto de San José de Costa Rica. “Los políticos quieren que se aplique, pero es populismo más político que jurídico”, dijo.
Señaló que la solución no está en la pena de muerte, sino en otras medidas que el Ejecutivo debería adoptar.
“Cuántos inocentes hay en los penales que tienen cadena perpetua. Imagínense aplicar la pena de muerte, cuando la fiscalía ni notificadores tiene; en cuanto a la infraestructura, logística, hay serias deficiencias en el sistema de justicia y alta carga procesal”, finalizó.
