La entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que hace precisiones al reglamento de la Ley N° 29245, referido a la tercerización de servicios, que dio el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pondría en riesgo más de 114 mil empleos en servicios tercerizados en la actividad principal de las empresas en la región.

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El citado decreto entró en vigencia el 22 de agosto y establece una serie de medidas dirigidas a evitar la utilización indiscriminada de la tercerización y fortalecer la protección de los derechos laborales, sin embargo, según el director de Promoción de Empleo de la Dirección Regional de Trabajo de Junín, Orlando Ricalde, el sector minero, construcción y transportes que son los que más utilizan el mecanismo de terciarización, a la fecha no estarían en la capacidad económica de absorber estos puesto laborales en sus planillas lo que podría devenir en despidos y hasta en la desaparición de las empresas que brindan estos servicios tercerizados.

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“El hecho es que al momento de limitar la terciarización de las actividades principales, vamos a dejar sin contrato a ese grupo de personas y la norma no da una salida a las empresas” dijo.

Por su parte la Intendenta Regional de Sunafil en la región Junín, María Del Carmen Solorzano Mercado, señaló que ellos ya cuentan con el protocolo para realizarán las inspecciones respectivas.

Las multas por faltas graves oscilan entre los S/506 y los S/120 152 y por faltas muy graves entre los S/1058 y los S/241 638 según el tipo de empresa.


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