Desde  hace seis años, más de 800 familias  en toda la región Junín viven un  calvario y la perdida de los ahorros de toda su vida. Solo por querer cumplir con el sueño de la vivienda y departamento propio, sufrieron  estafa sistemática  de parte de  empresas con el aval del  Fondo Mivivienda S.A. (FMV).

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Son ocho proyectos inmobiliarios  involucrados en esta estafa, según los perjudicados,  estos proyectos pertenecen al Programa Techo Propio del Fondo Mivivienda, que es una entidad estatal adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Josué Juan Paz Gamarra (71) un septuagenario que vendió su departamento con el sueño de comprarse un predio en Huancayo, a través del programa  Techo Propio, del Fondo Mivivienda, pero perdió todo su dinero, al dar más de 47 mil soles a una inmobiliaria, que nunca construyó nada.

Según lo mostró  Karen Cañarí, una de las afectadas ante la  mesa de diálogo liderada por el  congresista de la República Ilich López y representantes de la Contraloría, Indecopi y otras entidades, estas empresas tienen el aval de los  programas nacionales como Techo Propio o Mivivienda,  es decir se trata de Inmobiliarias que se publicitaban en las mismas revistas del fondo y después, desaparecieron  con el dinero desembolsado.

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Algunas empresas

Hablamos de las empresas JM Asociados SAC cuyo representante es Jorge Augusto Duarte Heredia; y el grupo inmobiliario Dumcam SAC cuyo representante legal es su hija Janet Duarte, además de Constructora Verastegui Vera, estas son empresas promotoras ligadas a estas estafas. Pero hay otras empresas ejecutoras como Maravi Puente  Realty S.A.C, cuyo gerente es Manuel Estuardo Puente Gutiérrez, el mismo que tiene más de una decena de denuncias por  estafa y otros delitos.

La mayoría de estafados concuerda que acudieron a la Dirección Regional de Vivienda y que, quien avaló estas estafas es el coordinador regional de Huancayo  del Fondo Mi Vivienda, Mario Lázaro Porta.

Tras al mesa de diálogo realizada el  21 de agosto el congresista Ilich López se comprometió a elaborar y remitir un informe a la Comisión de Vivienda y Fiscalización del Congreso de la Republica para citar a la ministra y funcionarios responsables. Asimismo, acordaron oficiar al Ministerio Público para que tome las acciones del caso en contra de los responsables.