Adultos mayores y hasta niños aglomerados en boda
Adultos mayores y hasta niños aglomerados en boda

Se viven duros momentos a causa de la segunda ola de la COVID-19 y Junín tiene 6 provincias en nivel de riesgo extremo; pese a ello en varios sectores, se siguen realizando reuniones ilegales y fiestas clandestinas con aglomeraciones. En las últimas horas,  solo en Huancayo, , donde más de 300 ciudadanos fueron multados. donde efectivos policiales clausuraron 7 fiestas, dos bodas y cerraron dos nigth clubs.

Una de las primeras  intervenciones fue a las 18:15 horas, en la hacienda Vargas en Incho donde 50 personas celebraban una boda civil, los novios e invitados fueron multados.  Luego, policías del “Grupo Terna”, llegaron hasta  la discoteca “La Jora” de Francisca de la Calle N ° 318, donde al menos 25 personas incumplían las medidas sanitarias. El encargado de dicho establecimiento Simeón Laurente fue intervenido.

Entre caricias y licor

A las 22:00 horas, agentes de la comisaría de Huancayo, intervinieron el local Señor Wings del Jr. Puno Nº 550 donde 11 personas (varones y mujeres), libaban licor. Los efectivos encubiertos también descubrieron que la cochera del hospedaje “Él”  fue acondicionado para que funcione un nigth club, donde en espacios reducidos  9 damas de compañía atendían a tres  parroquianos.

El local que funcionaba en la Av. Francisca de la Calle N°112en el distrito de El Tambo, fue cerrado por la municipalidad del distrito. También se intervino un local del Jr. L ibertad N°657, donde funcionaba un prostíbulo ilegal. Allí se halló a tres  féminas y tres varones; en uno de los ambientes sorprendieron a trabajadora sexual junto a otra mujer y un varón, todos desnudos.

Y en pleno toque de queda, cuando eran las 23:40 horas, policías de la USE, ingresaron al hospedaje ubicado en la Av. Giráldez N° 246, donde 23 varones y 14 mujeres bailaban y tomaban  todo tipo de licores sin las mínimas medidas de bioseguridad. Los agentes detuvieron a Jesús Martínez L. (29), quien habría promovido dicha reunión social. En este lugar, algunos de los intervenidos molestos tras ser infraccionados, delataron a seis jóvenes que se habían escondido en cuartos y baños.

En otra intervención, se hallo a 13 personas bebiendo licor en una vivienda ubicada en  el Jr. Huánuco y Av. Huancavelica en Huancayo.

Encima se muestran agresivos

A las 15:30 horas de ayer,  unas 100 personas fueron intervenidas por personal del “Grupo Terna”, cuando celebraban un matrimonio cristiano en el local de recepciones Tusuyhuassi, ubicado en los jirones Sucre y San Juan en el barrio de Huayllaspanca, en Chilca. Muchos de los invitados al ser multados rompieron en llanto, luego al saber que seis personas serían llevadas a la comisaría, empujaron a los agentes y lanzaron algunas piedras. Ante esta actitud fue necesaria la presencia de policías de la comisaría de Chilca, Use y Serenazgo.  “Todos tenemos mascarillas. De acuerdo a  la palabra debemos casarnos, no debemos mentir, ni ser adúlteros, sino irán al fuego eterno”, exclamó una  infractora. Al final todos, incluyendo 12 músicos de una orquesta fueron  multados por no respetar las restricciones sanitarias vigentes.

Hugo Bustamante Toscano, Gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, informó que por día se intervienen de  2 a 3 locales donde se realizan fiestas o reuniones y cada semana son entre 20 a 23 establecimientos que incumplen las medidas sanitarias. “Esta situación se viene descontrolando, debido a que de lunes a domingo se intervienen nigth clubs, discotecas, salones de recepción y otros donde se incumplen las medidas para evitar los contagios de la covid-19”, comentó el funcionario. Asimismo, pidió a los ciudadanos a evitar las multas, cierres y clausuras “No bajemos la guardia, el coronavirus continua entre nosotros. No llevemos el virus a casa”, invocó.

Hace unos días, el general PNP Roger Arista Perea, jefe de la VI Macroregión Policial, mencionó que de enero a la fecha en Junín, ya son más de 17 mil personas intervenidas y se detuvieron a más de 300, quienes deben afrontar un proceso por delito contra la seguridad pública.