Debido a que la planta de tratamiento de agua potable no funciona en la provincia de Jauja, los pobladores de los distritos de Jauja, Sausa y Yauyos, en la región Junín, consumen agua con altos niveles de arsénico, lo que pone en riesgo la vida de 31 mil personas aumentando su vulnerabilidad a enfermedades relacionadas con la exposición prolongada a este metal tóxico.
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En el Informe de Control Específico N° 054-2024-2-0412-SCE de la Contraloría, señaló que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Jauja y el contratista responsable incumplieron el expediente técnico autorizando pagos por servicios no ejecutados, por consiguiente, decepcionaron el proyecto sin verificar su funcionalidad para eliminar el arsénico del agua.
La Contraloría estimó un perjuicio económico de S/ 24 638 debido al pago de servicios no prestados, sin contar los costos incalculables derivados de la afectación a la salud pública. El proyecto, con un presupuesto inicial de S/ 8.6 millones, nunca cumplió con los componentes de la planta de tratamiento.
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La Contraloría recomendó adoptar medidas administrativas y legales contra los cinco funcionarios responsables, así como ejecutar acciones inmediatas para poner en funcionamiento la planta de tratamiento.
