Jorge Solís Espinoza, presidente de la Federación de Cajas y del Directorio de Caja Huancayo, advierte que el aumento de la criminalidad en Perú podría reducir el crecimiento económico del país a solo un 1.5% del PBI, afectando gravemente a las microempresas y al sistema financiero.
Con un incremento del 30% en muertes violentas en comparación con el año anterior, Solís destaca la urgencia de implementar políticas efectivas para combatir la inseguridad y proteger el desarrollo económico, advirtiendo que, sin acción inmediata, el futuro del país se encuentra en riesgo.
En su opinión, ¿cuál es el impacto de la creciente criminalidad en la economía peruana?
Según el Banco Mundial, un alto grado de criminalidad puede impactar en el desarrollo de la economía en un 1.5% del PBI. Hoy, la variable de la inseguridad ciudadana tendrá un impacto negativo en la economía. Este año se proyectaba un crecimiento del 2.8%. Si la criminalidad sigue escalando, esto podría reducirse a un 1.5%. Las cifras de Sinadef indican que en lo que va del año se han registrado 154 muertes relacionadas con la criminalidad a nivel nacional, lo que representa un aumento del 30% respecto al año pasado. Esto afecta no solo a Lima y el norte, sino a todo el país.
¿Cómo ha influido esto en el sistema financiero?
A pesar de que la economía creció un 0.6% en el año 2023 y un 3.2% para 2024, el sistema financiero solo ha crecido un 0.1%. El saldo de crédito en el año 2023 fue de 36 mil millones y ahora ha disminuido a 34 mil millones, es decir, -2.1%, porque están cerrando negocios; el año pasado se cerraron más de 2,500 bodegas y miles de negocios en todas las zonas vulnerables de las regiones.
¿Cuál es la situación del crédito en las áreas más afectadas por la criminalidad?
Gana terreno el gota a gota: la banca negra y la banca criminal. Estas casas de cambio y préstamo que funcionan a la vista de las autoridades. No hay fiscalización sobre de dónde proviene su financiamiento, no se sabe cuánto colocan. Tienen más logística que entidades microfinancieras legales; la SBS no las regula ni supervisa, son la cara formal del gota a gota. Es la banca usurera; sobreendeudan a los clientes y como no reportan a la superintendencia, ya no retornan los préstamos, lo que golpea a la cartera y contrae la economía.
¿Qué papel juega el Estado en este contexto?
La responsabilidad del crecimiento de este tipo de banca es del Estado y de la SBS, que deben poner más énfasis en combatir la criminalidad y el minería ilegal que va exportando más; en el 2024 exportó $ 38,528 millones. Tenemos un estado cómplice que no actúa, promulgando leyes que limitan la detención preliminar solamente a casos de flagrancia. El Congreso apruebo esa mala ley (la Ley N° 32181), lamentablemente el Ejecutivo solo observo y no quiere combatir la criminalidad. El Poder Judicial tampoco da reformas para mejorar el sistema de justicia; es necesario contar con políticas estatales efectivas. Por inacción están resultando cómplices de la criminalidad.
¿Cómo afecta esto a las microempresas?
No existe una política de reactivación para las MYPES, que son el bastión de la economía. A medida que crece la criminalidad, estas bancas negras han colocado 8 mil millones de soles en el mercado peruano, creciendo exponencialmente frente a las entidades formales; hace dos años tenían colocados 3 mil millones, mientras que las entidades formales han decrecido. Esto significa que esta banca está sobreendeudando a la gente.
¿Qué medidas consideras necesarias para enfrentar esta situación?
Es fundamental que el Ejecutivo tome liderazgo y promueva políticas efectivas. Se deben construir cárceles adecuadas para recluir a los delincuentes; el año pasado hubo más de 100 mil detenciones, pero solo se incremento 4 mil presos. Se necesitan jueces sin rostro y procesos sumarísimos, además de un estado de emergencia a nivel nacional.
¿Cuál es tu visión sobre el futuro económico del país si esta situación persiste?
Si la criminalidad continúa así, se pone en riesgo el futuro del país. El PBI no crecerá más allá del 1. 5%, lo que significa que necesitaríamos 30 años para recuperar los niveles de pobreza previos a la pandemia.
