Por segundo día consecutivo, el empresario Fredy Coarita Coarita permanece encadenado frente a la Municipalidad Distrital de El Tambo, sin ingerir alimentos, como medida extrema de protesta. El proveedor exige el pago de S/793,500 por la entrega de 600 instrumentos musicales distribuidos a 44 instituciones educativas del distrito. “Le prometí a mi hijo que no me iba a mover hasta que me paguen”, expresó con visible desgaste físico.
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La empresa MIVIANYK S.A.C., de la cual Coarita es socio, firmó el contrato con la comuna en 2024. Según el empresario, cumplió con la entrega completa del material y el proceso fue recepcionado por las autoridades correspondientes. Sin embargo, en enero de 2025, la municipalidad declaró nulo el contrato a través de la Resolución de Alcaldía N.° 017-2025-MDT/A, alegando un conflicto de interés.
De acuerdo con el comunicado emitido por la MDT, el representante legal de la empresa habría intervenido en decisiones del procedimiento de contratación, contraviniendo el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y el principio de imparcialidad. La resolución no fue apelada y se encuentra firme, según alega el municipio.
No obstante, Coarita rechaza esa versión: “La resolución la emitieron cuando todo ya estaba entregado y usado por los colegios. ¿Cómo pueden declarar nulo un contrato después de beneficiarse del servicio y ahora decir que no nos deben nada?”, reclamó.
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Más proveedores, más denuncias
El caso de Coarita no es el único. En medios locales, los empresarios Francisco Coca y Alejandro Alfaro también denunciaron falta de pago por servicios de mantenimiento de vehículos prestados al municipio. Los montos adeudados, según afirmaron, oscilan entre los 50 mil y 60 mil soles.
Uno de ellos incluso permanece internado en un hospital debido al deterioro de salud. Ambos señalaron que sus negocios se encuentran en la quiebra y arrastran obligaciones con entidades financieras.
Mientras los reclamos aumentan, el alcalde Julio César Llallico ha sido criticado por priorizar su un concurso de Santiago en vez de atender la crisis generada por los proveedores impagos. En redes sociales y espacios de opinión, la ciudadanía cuestiona la falta de sensibilidad de la gestión frente a las demandas económicas y humanas de los afectados.
