La seguridad ciudadana es responsabilidad de los tres niveles de gobierno: Ejecutivo, Regional y Municipal; estos tienen que actuar interinstitucionalmente para que con ello se haga efectiva las acciones que consoliden «la finalidad de asegurar protección y convivencia pacífica a los ciudadanos».

Pero toda acción de gobierno necesita la colaboración de la ciudadanía; si no la comprometemos, si no la convencemos, si no logramos que sientan que es un deber participar de cualquier política pública diseñada, esta inicia sin legitimidad y por lo tanto está destinada a fracasar y solamente servirá para mantener una inútil burocracia que será remunerada con los impuestos que pagamos los contribuyentes.

La legitimidad en la seguridad ciudadana se mide por sus Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y sus Juntas Vecinales Comunales.

Estás instituciones son un gran capital social para lograr la validez de esta política pública; pero que las instituciones del gobierno las olvidan, las dejan de lado y no las incentivan. Estas “son organizaciones sociales de base, de trabajo voluntario y solidario, no remunerado, participativo y de servicio a la comunidad de la seguridad ciudadana”; y tal como manda la ley: las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana deben ser promovidas y organizadas por la Policía Nacional del Perú para apoyar sus acciones con el fin gestor de obtener un feedback, una retroalimentación y una comunicación efectiva. Las Juntas Vecinales Comunales democráticamente elegidas deben buscar la supervisión y la prestación de servicios público locales. Esperemos que en breve se rediseñen las políticas públicas en este sentido.

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