El viernes 25 de septiembre de 2025, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín ejecutó un operativo que resultó en la detención preliminar de 30 presuntos integrantes de las organizaciones criminales “La Administración 2 del Penal” y “Los Proveedores”. Estos individuos, junto con funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), están siendo investigados por delitos de tráfico ilícito de drogas y cohecho pasivo propio.
Sin embargo, este golpe a la criminalidad podría haberse dado mucho antes si no hubiera sido por una alarmante omisión por parte de la Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJ).
Ineficiencia
Esto debido a que Óscar Taipe Cárdenas, jefe de seguridad del penal de Huancayo, fue sentenciado el 27 de mayo de 2024 a 15 años de prisión efectiva por autorizar el ingreso de Miguel Palomino Limache en abril del 2022, para que este entrara al establecimiento penitenciario con bolsas que contenían 29 cangrejos rellenos de cocaína.
En aquel entonces, esta acción evidenció una red de tráfico de drogas operando desde el interior del penal. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la sentencia, el Juzgado Penal Colegiado de Huancayo hasta hoy no notifica formalmente la sentencia al procurador antidrogas, lo que impidió la interposición de los recursos legales correspondientes.
El caso del jefe de seguridad Óscar Taipe Cárdenas, ha expuesto irregularidades procesales, y ha permitido la expansión del narcotráfico dentro del penal.
Hubo falta de notificación oficial, pues a pesar de que el Juzgado Penal Colegiado de Huancayo dictó la sentencia el 27 de mayo de 2024, el procurador Antidrogas Percy Nateros al ser consultado señaló que, hasta abril de 2025, no se le notificó el documento completo.
Resolución cuestionada: El 7 de noviembre de 2024, el mismo juzgado resolvió enviar copias al correo del fiscal antidrogas, pero sin notificar formalmente a las partes, lo que Nateros calificó de “negligencia grave”.
Los magistrados involucrados son los jueces Cinthia Yupanqui Pérez, Claudio Méndez Corbejo y Fernando Tembladerra Cahuaya -integrantes del colegiado- no habrían cumplido con los plazos legales, según documentos revisados por este medio.
Y lo que es peor aún, existen inconsistencias en el operativo actual, debido a que aunque la fiscal Teresita Maraví Jerí mencionó a Taipe en su requerimiento como parte de la red, no lo incluyó en el pedido de detención preliminar. Esto genera dudas. “Esta falta de notificación formal no es un hecho aislado”, dijo Nateros.
Inacción
Según Nateros, el Poder Judicial ha mostrado una actitud negligente en casos similares, lo que ha permitido que individuos como Taipe Cárdenas continúen operando dentro del sistema penitenciario, facilitando el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
La ausencia de una sentencia firme impide que se tomen legales efectivas contra estos individuos, perpetuando la corrupción y el crimen acciones organizadas.
La ruta
La reciente intervención al Establecimiento Penitenciario de Huamancaca expone un sistema que conectaba narcotraficantes externos con internos y funcionarios del INPE. Según las escuchas telefónicas obtenidas por la Dirección Antidrogas (Dirandro), los envíos llegaban mediante empresas de transporte terrestre con droga oculta en frutas (como papayas) y alimentos. La trabajadora Josselyn Anthonela Arévalo Bazán (“Anthonela”) coordinaba con Lucio Palacios Portocarrero desde Satipo para recibir paquetes en la agencia Huaribamba, donde extraían la droga usando técnicas de camuflaje.
Vilma Rodríguez de la Roca, secretaria del tópico del penal, almacenaba la droga en su domicilio, donde fraccionaba 50 gramos de cocaína y 30 gramos de marihuana por paquete. La Fiscalía confirmó que introducía las sustancias mediante cavidades corporales o recipientes con alimentos, cobrando S/ 500 por cada 100 gramos de cocaína. Los paquetes se escondían en celdas con doble fondo o artículos personales.
La Fiscalía solicitó 15 días de detención preliminar para los implicados, mientras profundiza el análisis de las grabaciones en cámara oculta que muestran a funcionarios recibiendo sobres con dinero. Sin embargo, la demora en notificar la sentencia de Taipe, mantiene en riesgo la investigación.
