Las denuncias por extorsión en la región Huánuco se han multiplicado, entre 2019 y 2025, al pasar de 3 a 19 casos por cada 100 mil habitantes, según un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE). Este incremento alarmante evidencia un deterioro sostenido de la seguridad ciudadana en la región.
En términos generales, Huánuco registró un total de 805 denuncias de delitos por cada 100 mil habitantes durante el primer semestre de 2025, casi el doble en comparación con las cifras de hace seis años.
El IPE advierte que uno de los factores que agrava la inseguridad es el avance de la minería ilegal, actividad que mantiene vínculos con el crimen organizado. Entre enero y agosto de este año, el Ministerio Público reportó 90 denuncias relacionadas con minería ilegal, más de cuatro veces las registradas en 2020.
La provincia de Puerto Inca concentra un tercio de estos casos, con 27 denuncias de extorsión por cada 100 mil habitantes, lo que representa casi el triple de lo reportado en 2019.
A este panorama se suma una baja inversión en seguridad pública. El IPE señala que la inversión en infraestructura y equipamiento para el orden público en Huánuco ha disminuido considerablemente, afectando la capacidad de respuesta ante el avance delictivo.
En 2025, el presupuesto regional para seguridad cayó en 24,9 % respecto a 2019, y apenas el 28,9 % de las comisarías se encuentra en condiciones adecuadas.
Ante este panorama, el instituto propone fortalecer la capacidad operativa de la policía, mediante proyectos de infraestructura y equipamiento que pueden desarrollarse bajo mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) o Asociaciones Público-Privadas (APP). Con ello, se busca contener el avance del crimen y recuperar la seguridad en una de las regiones más golpeadas por la minería ilegal.
