La congresista Elizabeth Medina solicitó, durante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, la elaboración de una moción de orden del día con el objetivo de otorgar facultades de comisión investigadora al grupo parlamentario. Esta medida busca esclarecer presuntos actos de corrupción que comprometerían al gobernador regional Antonio Pulgar y a funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco.
Durante su intervención, Medina fue enfática al señalar que los mecanismos de control institucional en el ámbito regional no están funcionando de manera eficiente, lo que ha permitido que se acumulen denuncias sin un seguimiento adecuado.
“Las instancias locales encargadas de la fiscalización no están cumpliendo su rol. Frente a ello, es el Congreso quien debe asumir su responsabilidad y actuar en defensa de los intereses del pueblo”, declaró.
La legisladora —representante de la región Huánuco— sostuvo que la investigación debe abarcar no solo al titular del gobierno regional, sino también a todo su entorno cercano, incluyendo gerentes, directores sectoriales y asesores. Según señaló, en los últimos meses se han reportado irregularidades en contrataciones públicas, ejecución presupuestal y designación de funcionarios sin el perfil técnico requerido.
“La población tiene derecho a saber qué está pasando con los recursos públicos. No podemos permitir que la gestión regional se maneje con opacidad y en beneficio de unos pocos”, remarcó.
Medina también recordó que Huánuco enfrenta grandes desafíos en sectores clave como salud, educación, infraestructura y lucha contra la pobreza, por lo que es fundamental que los fondos públicos sean administrados con transparencia y eficiencia.
“En una región con tantas necesidades, es inaceptable que se desvíen recursos o se prioricen intereses particulares. La fiscalización no puede quedarse en palabras; debe traducirse en acciones concretas y sanciones ejemplares”, añadió.
La propuesta de la congresista será puesta a consideración en la próxima sesión de la comisión, donde será debatida y eventualmente votada. De ser aprobada, se conformaría una comisión investigadora con un plazo definido para emitir un informe que podría ser remitido al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República.
La solicitud de Medina se suma a otras iniciativas similares que buscan fortalecer el control político frente a los constantes cuestionamientos sobre la gestión de gobiernos subnacionales, en un contexto donde la lucha contra la corrupción continúa siendo una demanda central de la ciudadanía.
