El consejero delegado de la región Huánuco, Ricardo Wellington Prado García, es acusado de un posible desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito. La investigación se centra en las significativas sumas de dinero recibidas por su hermano, Erick Roly Prado García, del Estado, como proveedor de bienes y servicios.
Erick Roly Prado García facturó 15,600 soles al Gobierno Regional de Huánuco y 22,300 soles a la Municipalidad Provincial de Huamalíes, totalizando 37,900 soles. Las autoridades investigan si esta suma corresponde con los servicios prestados, sospechando una posible irregularidad.
La situación se complica aún más con la reciente adquisición de camionetas y la apertura de la tienda de repuestos de vehículos “Santa Catalina”, dedicada a la venta de combustible, repuestos, llantas, aceites y otros productos, ubicada en el barrio Independencia de Llata.
Sospechan que los vehículos podrían estar registrados a nombre de testaferros, posiblemente sus hermanos Erick o Jorge, quienes, con ingresos mensuales inferiores a 2000 soles, no podrían justificar la compra de dichos bienes.
Esta situación infringe el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225), que prohíbe a los consejeros regionales, sus cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, participar en contrataciones públicas dentro de su ámbito de competencia territorial, durante su mandato y hasta doce meses después de su conclusión.
La gestión de Prado García es cuestionada por la población de Huamalíes, quienes denuncian una nula labor de fiscalización por parte del consejero. La investigación continúa para esclarecer las acusaciones y las posibles responsabilidades, incluyendo la posibilidad de enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración pública.
