Demandan mayor control de propaganda electoral a municipalidades de Huánuco

La Defensoría del Pueblo en Tingo María advirtió que, a tres meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, varias municipalidades distritales de las regiones de Huánuco y San Martín no cuentan con regulaciones para la propaganda electoral.

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En esa línea, se ha solicitado que cumplan con emitir ordenanzas para garantizar que las localidades no se vean desbordadas por avisos de carácter político.

En efecto, la sede defensorial advirtió que cerca del 90 % de las municipalidades distritales carecen de normas específicas para la ubicación de propaganda electoral en espacios públicos y para definir el tiempo de retiro de la misma.

“Se constató que 20 municipalidades distritales de las provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca, además de los distritos de Monzón y La Morada en Huánuco, así como Tocache en San Martín no cuentan con ordenanza alguna que regule lo señalado”, afirmó Jorge Mendoza, representante de la Defensoría del Pueblo en la ciudad.

De otro lado, se advirtió que los municipios distritales que aún no han emitido esta disposición son los de Leoncio Prado, Mariano Dámaso Beraun, Castillo Grande, Luyando, Daniel Alomía Robles, Hermilio Valdizán, Pueblo Nuevo, Pucayacu, Puerto Inca, Honoria, Tournavista, Yuyapichis, Codo de Pozuzo, Monzón y La Morada en Huánuco, así como Tocache, Uchiza, Nuevo Progreso, Shunté y Pólvora en San Martín.

No obstante, en atención a una recomendación defensorial, las municipalidades de Santa Rosa de Alto de Yanajanca, José Crespo y Castillo y Santo Domingo de Anda ya tienen ordenanzas con las normas vigentes.

“De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones y el reglamento aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, los gobiernos locales, provinciales y distritales, tienen la obligación de emitir ordenanzas con un reglamento que regule las autorizaciones para la ubicación y retiro de la propaganda electoral”, indicó el coordinador del Módulo Defensorial de Tingo María. Asimismo, reafirmó que ello implica que programen acciones de fiscalización para que las organizaciones políticas cumplan con la norma.

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