Tres gerentes renuncian a la gestión de Antonio Jara
La congresista Elizabeth Medina Hermosilla sostuvo una importante reunión con el procurador público del Gobierno Regional de Huánuco, Juan Carlos Nolorve Rojas, quien expuso la crítica situación que atraviesa su oficina debido a la abrumadora carga procesal y la falta de personal.
“Según el procurador, cada área —laboral, contencioso administrativo, civil, constitucional, penal, conciliaciones y arbitraje— maneja más de mil casos, con apenas dos abogados asignados por especialidad. Esta situación se agrava por la escasa asignación presupuestal destinada a contratación de personal y por los bajos salarios que perciben, los cuales contrastan con los altos sueldos que se pagan en otras áreas del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), muchas veces con mínimos requisitos y menor nivel de responsabilidad”, señaló la parlamentaria Medina.
Asimismo, Nolorve expresó su preocupación por la limitada intervención de la Fiscalía Anticorrupción y del Poder Judicial en casos emblemáticos como: Mejoramiento del Centro de Salud de Monzón; Mejoramiento y ampliación de los servicios del Centro de Salud de Molino; y Creación del camino vecinal Monopampa – Shotoj – Puente Choropampa.
ARBITRAJE CON CERO REPUTACIÓN
“En estos casos, se han emitido sentencias favorables al Centro de Arbitraje MOFIMA, pese a que existen denuncias por presunto favorecimiento a empresas constructoras que dejaron las obras inconclusas. Estas empresas, en lugar de ser sancionadas, han sido amparadas por dicho centro de arbitraje”, cuestionó Medina.
En los próximos días se espera conocer la resolución judicial sobre el caso del Anillo Vial de Jactay. El procurador afirmó que ya se han presentado todas las pruebas necesarias para solicitar la anulación del laudo arbitral emitido por MOFIMA, que favorece al Consorcio Vial Crucial. Este laudo le otorga una medida cautelar que impide al Gobierno Regional ejecutar cartas fianza por más de tres millones de soles.
TIENEN FE
“La demanda está actualmente en manos de los jueces Garay Molina, Gerónimo de la Cruz y Carrillo Rodríguez. Se espera que estos magistrados fallen a favor del interés público y no de empresas que han venido a asaltar los bolsillos de todos los huanuqueños. No solo se afecta el erario nacional, sino también a miles de ciudadanos cuyas necesidades quedan postergadas por la mala ejecución de obras y arbitrajes que terminan indemnizando a las empresas incumplidoras”, concluyó la congresista Medina.
