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El alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros, Antonio Fernández Jerí, lideró un operativo conjunto entre la Marina de Guerra y la Policía Nacional, que permitió la destrucción de 21 campamentos y maquinaria, utilizada por mineros ilegales en la reserva comunal El Sira, Puerto Inca, Huánuco.
La interdicción aérea, fluvial y terrestre en los ríos Pachitea, Río Negro y Yuyapichis, invadidos por mineros ilegales que se negaban a retirarse de esta área natural, duró tres días.
En el operativo denominado chapanero, los agentes detuvieron a cuatro personas y destruyeron 15 dragas, 20 bombas de succión, 22 grupos electrógenos y 1,350 galones de combustible, así como mangas, mangueras, alfombras y materiales diversos usados para esa ilícita actividad.
El alto comisionado aseguró que el Estado, a través de estas acciones de interdicción, busca evitar la contaminación de los espejos de agua para preservar la salud de los más de 22,000 pobladores de 69 comunidades nativas ribereñas, en especial de las más alejadas y no contactadas, que son las más vulnerables.
La Reserva Comunal “El Sira” comprende más de 600 mil hectáreas de las regiones Ucayali, Huánuco y Pasco, y pertenece a los grupos étnicos Asháninka, Ashéninka, Yanesha, Cocama-Cocamilla, Shipibo –Conibo.
Según la agencia Andina, en el operativo, seis patrullas recorrieron el núcleo de esa reserva natural, en las zonas donde están asentadas las comunidades nativas Alto Río Negro y Tres Hermanos; la Zona de Amortiguamiento desde la boca del Río Negro y parte de la Comunidad Nativa Tres Hermanos, y el Río Pachitea desde Puerto Inca hasta el Poblado Shemboya y la boca del río Yuyapichis.
La acción combinada contó con la participación de seis fiscales especializados en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Ucayali, quienes como titulares de la acción penal, intervinieron con más de 150 efectivos de las fuerzas del orden, entre personal de la Marina de Guerra, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea del Perú, y representantes del Ministerio del Interior y del Sernanp.