Recientemente el Tercer Juzgado Unipersonal de Huánuco, declaró consentida la sentencia, la cual ordena su captura e internamiento al penal de Huánuco por cinco años y cuatro meses contra el empresario de transportes Jimmy Alberto Díaz Acosta, por el delito de estafa agravada en contra de dos ancianos que durante el proceso judicial fallecieron.
Francisco Ponce Gamarra, abogado de la parte agraviada, refiere que el empresario Díaz Acosta, estafó a los ancianos Leodigario Ramírez Picón y Albertina Rosa Zevallos (fallecidos), quienes dieron la suma de 50 mil soles a cambio de un inmueble de garantía.
“El sentenciado al momento de obtener el préstamo les da como garantía hipotecaria un bien inmueble en el predio El Tingo de los esposos Leodigario y Albertina. Fluye la sentencia en primera instancia, debido a que la garantía hipotecaria en Registros Públicos, no fue registrada como tal para que cualquier persona tenga conocimiento de que tiene una hipoteca. Entonces, Jimmy Díaz, aprovechando que no tenía registro, vendió el inmueble”, sustentó Ponce.
Por este delito el empresario Jimmy Díaz fue sentenciado a cinco años con cuatro meses de de cárcel, ahora tiene una orden de captura (03380-2019-24-1201-JR-PE-04) del Tercer Juzgado Unipersonal de Huánuco. “Su recurso de apelación fue declarado inadmisible, a consecuencia de ello es que la pena se ejecute y se dicta la captura a nivel local y nacional”, indica Gamarra.
Usurpación agravada
En el caso del delito de usurpación agravada fue que a Micaela Carnero de Pazo (72), la despojó de su terreno en el año del 2017. “Por este delito, Jimmy Díaz, recibió una sentencia como autor del delito, sin embargo, no fue efectiva pese a que correspondía hacerlo, por lo contrario, redujeron la pena de tres años con reglas de conducta”, refiere el abogado de la agraviada, Javier Ponce Gamarra.
“El empresario incumplió la regla de conducta y el pago de la reparación civil de 3500 soles. En enero del 2022, por esa razón se presentó un escrito para que el Ministerio Público pida un requerimiento al juez de revocatoria de pena. El Ministerio Público, le da un periodo de gracia de tres días, a fin de que, regularice su situación, el sentenciado abrió su libro de control de firmar y pagó parcialmente la reparación”.
Con el pasar del tiempo el sentenciado volvió a incumplir la regla de conducta, como lo es la variación de su domicilio fijado en Huánuco sin autorización del magistrado, en un proceso paralelo de daños y prejuicio, por este incumplimiento y el atraso de un mes el Ministerio Publico pidió la audiencia de revocatoria.
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