Frente a la denuncia pública de los dueños del loro “Pancho”, quien fue encontrado en un transportín para perros luego de ser incautado el 1 de abril por dos trabajadores de la Administración Técnica Forestal de Flora y Fauna Silvestre (ATFFS) Huánuco y la policía forestal, la directora y funcionarios de esta entidad admitieron que no cuentan con espacio para albergar a los animales incautados.
LUGAR NO REÚNE CONDICIONES
En una rueda de prensa, la directora de la ATFFS, Luz Basilio Ingunza, junto con sus funcionarios, permitió el ingreso de la familia Luna y periodistas al lugar donde se encuentran los animales incautados. El ambiente era reducido, con cada animal en su propia jaula, y el loro “Pancho” ya no estaba en un kennel, sino en una jaula de madera con mallas metálicas más grande. Los funcionarios justificaron esto como un proceso de adaptación, indicando que por ello se encontraba en el transportín en un principio.
“El hecho de tener un animal silvestre implica muchas cosas dentro de la familia; se emite un mensaje, como el de ‘si tú lo tienes, ¿por qué yo no?‘. Queremos transmitir a la población que la fauna silvestre debe estar en su hábitat, no en una casa. Sin embargo, el caso de ‘Pancho’ es complicado, ya que adaptarlo a su hábitat natural sería riesgoso, ya que podría convertirse en presa fácil de otras especies”, afirmó Basilio, quien lamentó que el tráfico ilícito de animales silvestres es muy perjudicial, ya que muchos de estos animales mueren durante el trayecto debido a que son dopados y no sobreviven.
NO HAY MÁS ESPACIO
Además, Basilio indicó que la ATFFS en la ciudad de Tingo María está saturada, llena de animales incautados, y que ya no tienen espacio para recibir más. Por ello, su mensaje a la población es no comprar ni cazar animales silvestres. “Son hermosos, pero no podemos tenerlos en casa; su hábitat es la naturaleza”, añadió.
En cuanto al caso del loro “Pancho”, los funcionarios de la ATFFS aseguraron que el proceso administrativo continuará conforme a lo establecido por la ley, y se llevará a cabo en un plazo máximo de 45 días, mientras la familia Luna cumpla con los requisitos y levante todas las observaciones planteadas por los funcionarios.
