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Jessica Lavado Orizano, periodista huanuqueña una vez más denuncia públicamente de ser amedrentada con una carta notarial remitida por Imelda Chiclote Valerio, una de las personas a quienes señaló como presuntas agresoras en un hecho de agresión física, daño psicológico y robo de dinero ocurrido el pasado 11 de agosto de 2025.
El reciente 26 de agosto, hasta el domicilio de la periodista le llegó una carta notarial de la notaría Morales Canelo, en el que exige una retractación pública en un plazo de 24 horas, por supuestas declaraciones que habrían afectado el “honor y la reputación” de la firmante Imelda Chiclote Valerio.
AGRESIÓN
El 11 de agosto Lavado Orizano, ingresó al complejo deportivo para realizar una transmisión en vivo debido a que gente allegada al gobernador realizaba los preparativos para el Viva Huánuco, una actividad promovida por el Hady Pulgar hijo del gobernador Antonio Pulgar.
En esas circunstancias la periodista fue abordada por cuatro mujeres que impidieron a que registre las imágenes, tras reducirla, la golpearon a patadas, robaron dinero de 300 soles e intentaron arrebatarle el celular, afortunadamente al gritar y pedir auxilio unos vecinos la defendieron.
En los videos registrados por la cámara de la periodista están identificadas además de Chiclote Valerio, están Laxmix Catherine Albornoz y Jeney Inga Mosa, quienes fueron denunciadas ante la fiscalía. La periodista indicó que también presentó un informe del Instituto de Medicina Legal, en el cual —de acuerdo con su versión— se reconoce que fue víctima de una presunta agresión física.
SILENCIO INSTITUCIONAL
Jessica Lavado, manifestó que, pese a haber presentado una denuncia formal ante la Sexta Fiscalía Provincial de Huánuco, a la fecha no ha recibido información de los avances concretos en la investigación. El documento médico-legista N.º 2289-2025 confirmaría lesiones vinculadas al hecho denunciado, pero no ha motivado actuaciones fiscales significativas.
Asimismo, cuestionó la actuación de la Subprefectura, donde solicitó garantías personales tras la agresión, sin obtener respuesta oportuna. “Me dicen que el procedimiento tiene etapas y plazos, pero eso no justifica la inacción cuando hay una agresión contra la libertad de prensa”, expresó.
Para la periodista, esta falta de acción estatal representa un “silencio cómplice” frente a una denuncia por un posible delito contra la integridad física y el ejercicio periodístico. Aseguró que incluso la ubicación de las presuntas agresoras no habría sido posible por parte de las autoridades, a pesar de estar debidamente identificadas en la denuncia.
