Auditores de la Contraloría General supervisan la gestión del patrullaje urbano, programas de prevención, los servicios de serenazgo y su equipamiento, así como el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia en ocho municipalidades del departamento de Huánuco.
La finalidad del operativo inopinado es contribuir con la implementación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y normas conexas de los gobiernos locales en las principales provincias y distritos del país, a través de recomendaciones que permitan optimizar la gestión de seguridad ciudadana que vienen desarrollando.
SUPERVISIÓN
El operativo determinará si los gobiernos locales disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas de seguridad ciudadana en sus jurisdicciones. Se verificará si disponen, por ejemplo, de sistema de videovigilancia conforme a la normativa aplicable, con cámaras operativas y una central de videovigilancia.
También verificarán si los gobiernos locales cuentan con la indumentaria y el equipamiento necesario para la prestación del servicio de seguridad ciudadana con el debido equipamiento de los serenos, y si disponen de vehículos motorizados y no motorizados para el cumplimiento del servicio de seguridad ciudadana.
Otro aspecto a evaluar, es si los servicios de patrullaje municipal y patrullaje integrado se realizan conforme a la normativa aplicable, respetando los criterios de patrullaje a pie, motorizado e integrado, asistencia y permanencia de serenos, registro de incidencias y la implementación del Registro Nacional de Serenos y Serenazgo.
La Contraloría informó que desde febrero de 2024 no se efectúa un operativo relacionado con la seguridad ciudadana a nivel nacional. El resultado de este operativo, indicó, será comunicado mediante informes del servicio de control simultáneo en la modalidad de Visita de Control, a los titulares de las entidades públicas incluidas en el presente operativo.
El operativo se realiza a nivel nacional y es la continuación del realizado en marzo en las municipalidades de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, identificando 729 cámaras de videovigilancia y 537 vehículos inoperativos en 27 municipalidades.
