Pueblo es el más perjudicado con ineficiencia de las autoridades
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Huánuco: realizan operación gratuita a paciente de escasos recursos


Un perjuicio económico de S/ 4.9 millones en la ejecución del proyecto de agua y desagüe a cargo de la Municipalidad Provincial de Huamalíes, halló recientemente la Contraloría General de la República. Los servicios básicos que debían beneficiar a 185 familias no funcionan, por lo que los pobladores de cinco caseríos continúan consumiendo agua no potable y usando letrinas en condiciones precarias.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 021-2025-2-0400-AC (evaluado del 15 de agosto 2017 al 1 de julio de 2019) señala que el mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento rural en los caseríos de Yanamachay, Cashash, Cochopata, Milpo y Jircacancha, inició en 2017 y culminó en el 2018, fue ejecutado incumpliendo las especificaciones técnicas a pesar de ello los funcionarios ediles recibieron y liquidaron la obra.

DEFICIENCIAS SALTAN A LA VISTA

En cuatro de los cinco caseríos, los sistemas de captación fueron mal ejecutados porque las captaciones están construidas por encima de la fuente de agua, lo que impide almacenar suficiente cantidad. Asimismo, no instalaron válvulas de aire en las redes de conducción que permita que el agua llegue a los reservorios y a las viviendas de los beneficiarios.

Asimismo, no instalaron correctamente las tuberías de redes de agua desde la captación hasta las viviendas, hecho evidenciado porque se hallaron tubos expuestos o enterrados y no como establece el expediente técnico, tampoco se rellenaron con arena y tierra cernida las zanjas que aseguren una base estable y uniforme. Estos trabajos deficientes y parcialmente ejecutados generan el deterioro de las tuberías.

Los servicios higiénicos, las paredes de estos servicios donde se instalaron los inodoros y lavatorios fueron construidos sin el refuerzo de las cuatro columnas, como se indicaba en planos del expediente técnico. Del mismo modo, las unidades de disposición de excretas están mal instaladas. Actualmente, estos servicios no funcionan y algunas familias lo utilizan como depósitos.

OBRA QUE NO SIRVE

Desde que la obra fue recepcionada en el 2018, el proyecto no cumplió su finalidad pública. Sin embargo, los funcionarios de la municipalidad no hicieron observaciones a pesar de haber trabajos que incumplían las especificaciones técnicas y habían partidas parcialmente ejecutadas; tampoco aplicaron penalidades, lo que generó un perjuicio económico de S/ 4 987 329, monto total de la inversión del proyecto.

RESPONSABILIDAD PENAL

Por estos hechos, la Contraloría halló presunta responsabilidad penal y administrativa a siete exservidores públicos, y recomendó a la Procuraduría Publica Especializada en Delitos de Corrupción a iniciar las acciones penales contra los responsables.