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La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Pasco y Huánuco logró recuperar restos humanos y elementos asociados pertenecientes a una víctima del periodo de violencia interna que vivió el Perú entre 1980 y 2000. La intervención se llevó a cabo los días 12 y 13 de agosto de 2025.
El fiscal adjunto provincial Jefferson López Zaldívar informó que los restos hallados corresponderían a Juan Vega Solís, desaparecido en noviembre de 1991 en el centro poblado La Primavera, distrito de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado.
La recuperación fue posible gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público, el Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Desaparición forzada en 1991
Según las investigaciones, el 5 de noviembre de 1991, Juan Vega Solís se encontraba en La Primavera para visitar a su padre y hermano. Ese día, acompañado por dos peones, salió a comprar víveres cuando fue interceptado por miembros del Ejército peruano.
Los soldados agredieron al primer peón, de 50 años, pero lo liberaron. Luego retuvieron a Juan y al segundo peón, de 18 años, y los trasladaron nuevamente a La Primavera, donde continuaron los golpes. Poco después, liberaron al joven, quedando Juan Vega en custodia militar.
Militares asesinos
Posteriormente fue llevado a San Martín de Pucate, donde fue nuevamente torturado y se le exigió dinero a cambio de su liberación. Al no poder reunir el monto solicitado —pese a los esfuerzos de comerciantes locales—, los militares lo condujeron hacia el puerto de San Martín de Pucate.
Durante el trayecto, Juan Vega Solís fue asesinado. Su cuerpo fue abandonado en el cruce que conecta La Primavera con San Martín de Pucate. Tras la retirada del Ejército, pobladores del puerto encontraron el cadáver envuelto en una frazada y lo enterraron en una chacra, a unos 50 metros de la carretera.
Las labores de recuperación de sus restos permiten avanzar en la reparación y justicia para las víctimas del conflicto armado interno, reafirmando el compromiso del Estado en la lucha contra la impunidad.
