Múltiples contrataciones irregulares detectaron la Contraloría General de la República en el Hospital Regional de Ica, donde se brindó puestos de trabajo a tres ciudadanos quienes tenían trabajando a sus madres en el nosocomio, y por ello estaban impedidos de contratar con ese hospital, aun así, ganaron más de 70 mil soles en conjunto. Asimismo, se contrató a una asistenta social que cobró en el periodo más de 50 mil soles, sin embargo, no estaba colegiada ni habilitada ni contaba con Serums.
Situaciones adversas
Según el Informe de Control Específico Nº 003-2024-2-4829-SCE, “Contratación de locadores incursos en impedimentos para contratar con el Hospital Regional De Ica”, se advirtió sobre la contratación de tres locadores, en el cual se identificó la existencia de vinculación familiar de dichos proveedores con personal nombrado y contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 en el Hospital Regional de Ica, proveedores que fueron contratados pese a estar incursos en impedimentos y que además suscribieron declaraciones juradas de no tener impedimento legal. Asimismo, se identificó que dicho personal nombrado (sus madres), efectuaron gestiones vinculadas a la contratación.
En el Hospital Regional de Ica, en el periodo de enero de 2022 a junio de 2023, se efectuó la contratación de Javson Francisco Pahuara Donayre, quien tiene como madre a la servidora Sonia Otilia Donayre Mitacc (química farmacéutica del Departamento de Farmacia, condición de nombrada). En razón a dicha vinculación consanguínea en primer grado, Pahuara Donayre se encontraba impedido de contratar con la entidad; sin embargo, durante los años 2022 y 2023, se vinculó contractualmente, a través de diez órdenes de servicio por 27 mil soles, en algunos casos declaró, “no tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones”.
Asimismo, en el Hospital Regional de Ica se contrató para el servicio de auxiliar administrativo, a Marco Antonio Flores Hernández, quien, de acuerdo al acta de nacimiento, tiene como madre a la servidora Gicela Marlene Hernández Castillo, (nombrada y trabajaba en esa fecha como la jefa de la Oficina de Presupuesto, también como jefa de Recurso Humanos). Por dicha vinculación consanguínea en primer grado, el señor Flores Hernández se encontraba impedido de contratar con la entidad; sin embargo, durante el año 2022, se vinculó contractualmente con la institución, a través de dos órdenes de servicio por 3 mil soles, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022.
El órgano de control comprobó la contratación de Luis Fernando Flores Hernández, quien también es hijo de Gicela Marlene Hernández Castillo, por ello se encontraba impedido de contratar con el Hospital Regional de Ica, sin embargo, durante los años 2022 y 2023, se vinculó contractualmente con la entidad, en el servicio de especialista en Programación Logística, Gestión Administrativa y Presupuestal y generó ocho órdenes de servicio, por el importe total de 41 mil 200 soles. Asimismo, declaró bajo juramento “No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 dela Ley de Contrataciones”.
Los antes mencionados resultaron beneficiados con su vinculación con el Hospital Regional de Ica y el percibir honorarios en el importe total de 71 mil 200 soles, pese a encontrarse impedidos de contratar con la entidad. Dichas contrataciones fueron conocidas por los directores ejecutivos de la Oficina Ejecutiva de Administración, quienes en forma reiterada autorizaron pedidos de servicios y visaron órdenes de servicio, a fin de formalizar contrataciones por periodos de prestación de servicios ya realizados, sin garantizar condiciones idóneas en los procesos de contratación de servicios, su eficacia y transparencia, de conformidad con los principios que regulan la contratación pública.
El órgano de control notificó con el Memorando N°020-2024-HRI-OCI/4829 a la directora ejecutiva del Hospital Regional de Ica, Ofelia Aguirre Romero, “Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 003-2024-2-4829-SCE, el formato digital se encuentra en el link adjunto, en un total de 5405 folios”, se lee en el documento.
Más cuestionamientos
Del mismo modo, la Contraloría emitió el Informe De Control Especifico N° 021 -2023 -2 -4829 –SCE, “Contratación de una asistenta social para el Departamento de Servicio Social y Psicología del Hospital Regional de Ica”, por 52 mil 844 soles. En el mencionado informe se indica que se realizó la contratación de la asistenta social Gladys Cita Vargas Santillán, como locadora para labores de naturaleza permanentes y subordinadas, sin estar colegiada y habilitada, ni contar con Serums, así como su contratación bajo el D. L. 276, cuya realización se encontraba prohibida, y la expedición de constancia laboral por servidora no competente, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, la legalidad, imparcialidad y transparencia que debe regir en toda contratación y actuación del Estado, conllevando a que judicialmente se reconozca su vínculo laboral, y afectó el interés general del Estado, de que la contratación se dé bajo concurso público de méritos y el cumplimiento de las condiciones para el ejercicio de su profesión y vinculación con establecimientos de salud del sector público. Laboró en los meses de noviembre y diciembre de 2018; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre de 2019, y enero a junio del 2020.
Por ello, se notificó el Memorando N° 193-2023-HRI-OCI/4829 a la directora ejecutiva del HRI, Ofelia Rosaura Aguirre Romero “Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 021-2023-2-4829-SCE, en formato digital se encuentra en el link adjunto, en un total de 2245 folios”, se lee.
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