Agraviados cuestionan y denuncian falta de transparencia de algunos fiscales

Grave denuncia recae sobre los fiscales de Ica, quienes lejos de trabajar en la lucha contra la delincuencia sumarían para la impunidad.

CASO I. El 28 de junio denunciaron que J. A. D. G. (51) fue secuestrada y ultrajada por José Luis Siguas Hernández, quien fungía de taxista y se aprovechó del estado etílico de su víctima para trasladarla a una choza, donde la ultrajó varias veces y la amenazó con contratar a un sicario para matarla.

Tras lograr escapar, la agraviada acudió a la policía. Los custodios recibieron la denuncia y, luego de identificar al depravado, solicitaron a la fiscalía la detención preliminar; sin embargo, el fiscal Henry Castro Apolaya, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Ica, dejó al acusado en calidad de citado.

Además, exige la presencia de la agraviada y testigos, bajo apercibimiento de disponer su conducción compulsiva en caso de inasistencia injustificada; mientras pide recibir al imputado con presencia de su abogado. Asimismo, da un plazo de 120 días para culminar la investigación, con probabilidades a darse por archivada.

La agraviada denunció el caso esperando hallar justicia y la captura de este depravado que a pesar de estar identificado penalmente está libre.

La víctima asegura que el director de la investigación, fiscal Castro Apolaya, se parcializa indirectamente contra la parte acusada, buscando que todo termine archivado y quede impune.

CASO II. Otro de los casos sonados fue la gran estafa que sufrió Luz Carmina Achcaray García, cuando curanderos le prometieron sanar a su pequeño de una enfermedad, sometiéndola a préstamos hasta embargar su casa, además de quitarle la suma de más de 8 mil nuevos soles.

Los falsos curanderos y estafadores fueron reconocidos e identificados. La policía, tras la denuncia, solicitó al Ministerio Público la detención preliminar de los acusados, sin embargo el fiscal Manuel Enrique Cuaresma Sierra, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Ica, en otra decisión cuestionable, dejó a los acusados en calidad de citados.

Solo bastó horas para que los estafadores huyeran de la ciudad y el caso fue archivado.

La mujer agraviada salió a denunciar a los estafadores por los medios de comunicación, pero era tarde; habían escapado gracias a la decisión del fiscal.

Los delitos que tenían que afrontar eran estafa y delito contra la salud pública, tras darle brebajes al menor enfermo y a su madre.

Buscamos al jefe de la Depincri (Departamento de Investigación Criminal), coronel PNP Benedicto Yáñez Untiveros, para consultarle sobre estas decisiones y este lamentó lo que ocurre.

Resaltó que el trabajo para reducir la ola delictiva tiene que ser de manera articulada con el Ministerio Público. Sin embargo, algunos fiscales no estarían demostrando la actitud proactiva para la resolución de casos donde los agraviados esperan justicia.