Cuatro regidores de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo presentaron denuncia ante la Fiscalía contra funcionarios que laboran en la gestión del alcalde William Sánchez Cahuana. En la acusación se señala al gerente municipal Juan Rojas Astohuamán, la secretaria general Lourdes Castillo Saravia y el asesor legal de la entidad Fabio Cueto Mansilla por uso de documento falso y además usurpación de funciones.
Falso documento
El 22 de abril las personas de Lizett Torres Baca, José Valenzuela Álvaro, Edwin Aburto Saravia y Ángel Vega Valentín en calidad de concejales del municipio de Pueblo Nuevo acuden al Ministerio Público para realizar la denuncia contra los funcionarios. Detallan que aquel día estaban convocados para la sesión extraordinaria en que iba a tratarse la agenda concerniente a la solicitud de vacancia del burgomaestre.
Pero, que horas antes, fueron comunicados sobre un supuesto desistimiento del ciudadano Ángel Páucar Mendoza, quien en enero de 2024 solicitó la vacancia de Sánchez Cahuana. A los regidores se les informó que mediante memorándum N°02714-2025 de la gerencia municipal, se trasladó la opinión legal N°237-2025 sobre el desistimiento, “indicando de manera expresa que atendiendo a ello se deja sin efecto la convocatoria a la sesión extraordinaria”.
Los concejales observaron que dicho desistimiento no era real. Además, el mismo Páucar Mendoza aclaró que no presentó tal recurso y acusó que se había cometido un “acto delincuencial propio de una organización criminal”. Del ciudadano se utilizó su firma escaneada, que consiguieron de un escrito presentado con anterioridad y con ello crearon el documento apócrifo.
Los regidores Torres, Valenzuela, Aburto y Vega indican que en atención a sus funciones de fiscalización presentan la denuncia por falsificación de documentos contra los que resulten responsables, y el delito de uso de documento falso por parte de Fabio Cueto, Juan Rojas y Lourdes Castillo, quienes “al emitir su opinión, memorándum y carta, hicieron uso del documento falso”, el cual no contaba con la formalidad, sino que estaba firmado con una imagen escaneada.
Asimismo, denuncian al asesor legal (Cueto Mansilla) por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones “toda vez que este mediante su opinión legal ha concluido que el procedimiento de solicitud de vacancia ha culminado con la presentación del supuesto desistimiento, recomendando que la secretaria general deje sin efecto la sesión, siendo que con dicho actuar estaría atribuyéndose una facultad que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones”.
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