Según un reciente estudio del Centro Wiñaq sobre el impacto político de la minería ilegal, a ningún candidato presidencial o congresal le conviene estar del lado de esa actividad ilícita. Eso se debe a que, para la mayoría (65,8 %), de acuerdo con los resultados de encuestas y focus group, la minería ilegal es percibida como destructiva, muy contaminante, violenta y ligada a redes criminales. En contraste, solo el 16,9 % dijo que esta actividad es positiva para el país porque crea empleos y tiene poco impacto en el medioambiente. Para la mayoría, esta minería aumenta el crimen, tanto en áreas específicas o en todo el país.
Ligado a criminales
Apoyar la minería ilegal haría que varios candidatos pierdan a sus electores, quienes se manifestaron en contra de esta actividad. Por esa razón, la mayoría de los ciudadanos (54,6%) afirmó que, en las elecciones generales del próximo año, votaría de preferencia por un candidato que proponga controlar y restringir las actividades de la minería informal e ilegal en el país.
Este hallazgo es relevante porque obligará a los partidos y candidatos con vínculos con gremios de mineros ilegales camuflados en la informalidad a replantear su postura respecto de esta actividad. No hay que olvidar que este sector perjudica al Estado peruano al evadir el impuesto a la renta por 5.200 millones de soles, de los cuales el 50 % debería llegar a las cuentas de los gobiernos regionales y municipales, para luego traducirse en obras para los ciudadanos.
Para el Centro Wiñaq, esta respuesta es parte de una extensión del enfoque de “mano dura” que la población demanda para controlar los efectos de las economías ilegales en la inseguridad ciudadana, que va en aumento.
Asimismo, según el estudio, existe la percepción de que la minería ilegal ejerce una fuerte influencia negativa en el Congreso y que, para evitar esa influencia, los ciudadanos votarían por un candidato que la controle o la restrinja. El 70,2 % consideró que los congresistas que respaldan propuestas vinculadas a este tipo de minería —que se realiza sin controles legales, tributarios ni ambientales— lo hacen porque reciben financiamiento de actores ilegales.
La minería ilegal se ha convertido en un problema medular para el país, profundamente arraigado en la percepción ciudadana. De cara a las elecciones presidenciales, los peruanos tienen claro que no respaldarán a candidatos que defiendan esta actividad ilícita. La exigencia de control y restricción refleja una demanda colectiva por mayor seguridad, legalidad y justicia.
Cabe señalar que, en la región Ica, la minería informal se concentra en Nasca. Este año, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dio de baja el registro de más de 1700 mineros informales, quienes fueron depurados del Reinfo.
Estaban ubicados en su gran mayoría en zonas de los distritos de El Ingenio y Vista Alegre, en la provincia de Nasca. En esta última jurisdicción, la minería informal causó daños críticos al área protegida de la Reserva de las Líneas de Nasca, específicamente en la Pampa de Chauchilla, donde una figura morfológica con forma de cola de ave ha sido afectada. Asimismo, en Tulín se denunció la existencia de una planta minera a pocos metros de un trapecio.
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