La Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH ICA) presentó un informe alarmante sobre la situación laboral de las mujeres en el sector agroexportador, evidenciando vulneraciones sistemáticas a derechos fundamentales en empresas agrícolas de la región.
Grave vulneración laboral
Entre los hallazgos más preocupantes figuran afectaciones a derechos vinculados a la maternidad, limitaciones para acceder a licencias pre y postnatal, deficiencias en seguridad y salud en el trabajo, barreras para la sindicalización y diversos actos de discriminación. Silva enfatizó que los resultados evidencian un patrón generalizado: 20 de cada 100 mujeres ha sufrido hostigamiento sexual laboral y 52 de cada 100 reportan maltrato verbal de supervisores y mandos medios.
El informe también revela que 76 % de trabajadoras firma contratos sin poder leerlos, mientras que 43 % afirma que nunca recibe copia de estos documentos, una práctica que vulnera directamente su derecho a la información laboral. Asimismo, 22 % declara que sus horas extras no son pagadas, y se registran canjes ilegales de feriados, incumpliendo la Ley 31110. Muchas indican que los contratos se entregan por WhatsApp o, simplemente, nunca llegan.
Una de las prácticas más graves es la discriminación por embarazo. Según el reporte oficial, 22 % de mujeres fue despedida o dejó de ser llamada tras confirmarse su gestación, y 21 % tuvo restricciones en el goce de su licencia pre y postnatal. El documento añade que algunas empresas preguntan por la “fecha de última menstruación” durante las entrevistas laborales, una medida expresamente prohibida por la ley. En varios casos, al conocer el embarazo, la empresa rescinde el vínculo de manera inmediata
El documento presentado también evidencia episodios de represalias: más de 30 % de mujeres sufrió sanciones o despidos tras presentar reclamos, mientras que 73 % fue testigo de castigos contra compañeras que denunciaron abusos. Para CODEH ICA, esta cultura de intimidación genera “silencio forzado” y permite que la violencia permanezca impune. La falta de canales seguros para denunciar agrava aún más la situación.
Otro punto crítico es la salud y seguridad en el trabajo. El reporte detalla que 48 % no recibe EPP adecuado o este llega deteriorado, 82 % lleva su propia agua porque la del fundo no es potable, y 52 % denuncia baños en mal estado. Además, 60 % no accede a exámenes médicos ocupacionales, pese al riesgo constante de exposición a químicos, altas temperaturas y exigencias físicas extremas. Estas deficiencias incumplen normas básicas de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Consultado sobre la repetición de intoxicaciones masivas en fundos, la falta de cobertura en EsSalud y el incumplimiento de obligaciones laborales, Silva responsabilizó directamente a SUNAFIL y a los órganos fiscalizadores del Estado. Indicó que la ausencia de supervisión “da carta libre” a que las empresas prioricen sus utilidades antes que condiciones básicas de trabajo. “Algunas compañías prefieren pagar multas antes que invertir en mejoras laborales”, sostuvo.
Ante este panorama, CODEH ICA informó que continúa brindando apoyo técnico y legal a trabajadoras afectadas, capacitándolas sobre sus derechos laborales, acompañándolas en denuncias y promoviendo la organización sindical para equilibrar la relación con las empresas. También participa en iniciativas que buscan fortalecer la vigilancia laboral desde las propias trabajadoras y garantizar espacios seguros para que puedan reportar abusos.
Finalmente, el Dr. Silva recalcó que la agroexportación es una actividad clave para la economía regional, pero advirtió que su crecimiento no puede sostenerse sobre vulneraciones a los derechos de miles de mujeres. “Las trabajadoras merecen dignidad, no precariedad. Ningún empleo debe justificar maltratos, hostigamiento ni condiciones indignas”, concluyó, exhortando a las autoridades a redoblar esfuerzos de fiscalización ante el inminente inicio de la campaña alta.
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