Con resolución derogada reubican a docentes

A la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha ha ingresado la denuncia de tres docentes que fueron reubicados en otras instituciones educativas. La irregularidad que se hace mención en los documentos es que la Resolución Directoral usada para tal fin ya había sido derogada meses atrás a la disposición firmada por la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Chincha, Cecilia Martínez Jonda, quien es la principal denunciada.

DENUNCIAS

El expediente del profesor Edgar Renee Marticorena Calixto responsabiliza por el delito de abuso de autoridad a Martínez Jonda, el educador -nombrado- se encontraba laborando en la I.E. Emblemática Santa Ana, desde el año 1996 hasta el mes de marzo de 2014, en la especialidad de Educación Física, cuando es reubicado mediante Resolución Directoral N° 000854 a la institución educativa San Agustín, en Chincha Alta.

Otra de las denuncias contra Cecilia Martínez la presenta Julio Raúl Ramos Tipián, quien al igual que su antecesor cita la misma falta para la directora de la UGEL. Este docente nombrado en la I.E.E. José Pardo y Barreda desde 1984 fue reubicado como excedente, pese a haber presentado una carta notarial después de que el jefe de personal de esta entidad no resolviera su observación, ya que el director del colegio no lo consideró en el cuadro de distribución de horas.

Luis Alberto Orellana Hernández llegó a laborar al colegio José Pardo y Barreda el 30 de noviembre del año 1992 en la especialidad de Carpintería. Al igual que Ramos Tipián, tampoco fue considerado en la distribución de horas, siendo separado del cargo para el que fue nombrado, el 04 de marzo del año pasado, y fue destinado al CETPRO Pedro Ronceros Calderón para el dictado de clases en su especialidad pero por 30 horas, hecho contrario a su nombramiento.

Estos tres docentes son los que presentaron la denuncia contra la directora de la UGEL, Cecilia Martínez Jonda, y es que el factor común para su reubicación se ampara en la Resolución Directoral N° 000854 que, según las normas legales publicadas en El Peruano, fue derogada el 01 de noviembre del 2013, meses antes de que la entidad local resuelva reubicar a los docentes, hecho que deberá demandar la atención del Ministerio Público.