La Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco ha confirmado sentencias por el robo sistemático de combustible en la carretera Panamericana Sur, en el tramo que abarca Cañete, Pisco y Nasca. Los hechos afectan principalmente a transportistas y propietarios de vehículos de carga pesada que transitan a diario por esta vía clave del sur del país.
Grave delito
Uno de los casos más recientes es el del expediente N.º 238-2024, donde se ratificó la condena de un año y ocho meses de prisión efectiva contra José Manuel Vásquez Cuba, hallado culpable del hurto de 191 galones de diésel del camión de placa ACS-932. Además, fue sentenciado al pago de S/ 4,000 como reparación civil.
Pero no solo particulares están implicados. En el expediente N.º 144-2021, el tribunal confirmó una condena de seis años y nueve meses de cárcel para dos agentes de la Policía Nacional del Perú, identificados como Fidel Rolando Pimentel Seminario y Martín Darnell Apares Mendoza. Ambos fueron encontrados culpables de hurto agravado, en una muestra de que el delito también se comete desde dentro de las propias instituciones.
Los casos forman parte de una serie de procesos judiciales en la región vinculados al robo de combustible en la red vial nacional. Uno de los operativos más notorios fue la intervención de la organización criminal “Los Vampiros de San Clemente”, en la que se incautaron más de 4,000 galones de diésel presuntamente robado.
El robo de combustible no solo genera pérdidas económicas significativas para los dueños de los vehículos, sino que también ha permitido la formación de redes delictivas dedicadas a interceptar camiones, vaciar tanques y revender el producto en el mercado negro. La modalidad suele contar con la complicidad de conductores, trabajadores de grifos e incluso autoridades, según fuentes cercanas a las investigaciones.
Las recientes sentencias buscan marcar un precedente en la lucha contra estas prácticas delictivas que afectan tanto al transporte como a la economía regional. No obstante, expertos advierten que se requiere una vigilancia constante y una mayor articulación entre fiscalía, policía y juzgados para frenar el avance de estas bandas organizadas.
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