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un perjuicio económico por más de 46 mil soles detectó la Contraloría General en la región Ica, como consecuencia de pagos irregulares por uniformes a funcionarios y servidores públicos del Hospital Santa María del Socorro.
Detectan presunta irregularidad
A través del Informe de servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad Nº 13796-2021, la Contraloría identificó irregularidades en el proceso de pago de uniformes derivados por convenios colectivos y que beneficiaron a servidores públicos con cargos de confianza o de dirección, por 46 mil 425 soles.
En el documento se menciona que se transgredió la Ley de Servicio Civil y otras normas, generando que se realicen de manera irregular, ocho pagos de S/ 2400 en el periodo 2018, seis pagos de S/ 3000 y cinco pagos por S/ 1845 en el periodo 2019, haciendo un total de 19 pagos otorgados a 11 servidores públicos, a quienes no les correspondía dicho beneficio según la normativa vigente.
El ente fiscalizador, además evidenció que los jefes de la oficina de las áreas de administración, unidad de personal y la responsable del área de remuneraciones de la unidad de personal, habrían afectado la legalidad y el destino de los fondos públicos, ya que aprobaron las planillas de bonificación, sin tener en cuenta la posición de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) que dice: “Están excluidos del derecho de sindicación, del derecho de negociación colectiva, los funcionarios públicos, así como el personal de confianza”.
La evaluación fue en el periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de setiembre 2019, encontrando responsabilidad civil y administrativa en siete funcionarios y servidores públicos.
Disposición final
La Contraloría informó que los resultados del servicio de control específico fueron notificados al director del hospital, a quien se le recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el informe. Asimismo, a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales.
Finalmente, se recordó que la Contraloría no cuenta con potestad sancionadora. Por ello, las presuntas responsabilidades administrativas deberán ser sancionadas por el nosocomio fiscalizado.
