:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Pisco, detectó una grave irregularidad en la Municipalidad Distrital de San Andrés. Según el informe N.º 004-2025-2-0409-AOP, esta entidad contrató servicios a un proveedor impedido por ley, por tener vínculo de primer grado de consanguinidad con una regidora en funciones.
Contratación ilegal
La normativa vigente de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, prohíbe expresamente la participación en procesos contractuales de los familiares hasta segundo grado de consanguinidad de autoridades como regidores, dentro de su ámbito de competencia territorial. Esta prohibición busca evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en la administración pública. Según el informe, tanto el proveedor como los funcionarios responsables conocían de este impedimento, pero aun así continuaron con la contratación y el desembolso.
El informe responsabiliza a Luis Alberto Hernández Acuña, subgerente de Logística, por no verificar adecuadamente la información del proveedor y permitir su contratación. También se menciona a Angela Graciela Vilca Ramírez, gerente de Administración, por no supervisar el cumplimiento de la directiva interna que regula las contrataciones menores a ocho unidades impositivas tributarias (UIT), proceso por el cual se realizó este servicio.
La situación pone en entredicho la legalidad y ética del proceso de contratación llevado a cabo por la municipalidad, vulnerando principios fundamentales como la transparencia e integridad. La Contraloría recomienda al alcalde de San Andrés adoptar las acciones necesarias y deslindar responsabilidades administrativas o penales, de ser el caso. El informe ha sido remitido oficialmente mediante notificación electrónica al burgomaestre Joel Andre de la Cruz Canelo.
El informe añade que no se trata de un caso aislado o un error involuntario, sino de una actuación que involucra a varios funcionarios que continuaron con los trámites sin realizar observaciones, incluso después de emitir los comprobantes de pago a favor del proveedor. El proceso incluyó la emisión de la orden de servicio, la ejecución del trabajo, la conformidad del servicio y el pago completo.
Finalmente, se resalta que este tipo de irregularidades afectan directamente la confianza de la ciudadanía en la administración pública y podrían derivar en sanciones por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado. El caso ha sido oficialmente documentado y se encuentra en etapa de análisis para determinar las medidas legales correspondientes.
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