Cuatro congresistas de la región Ica a favor de la ampliación del Reinfo

Actualizado el 10/05/2025, 08:00 a.m.

La tragedia de Pataz, donde 13 trabajadores de seguridad fueron secuestrados y asesinados por mafias vinculadas a la minería ilegal, pone, a la vez, en tela de juicio la coherencia política del Congreso de la República.

Cuestionada decisión

Un total de 83 parlamentarios —incluidos todos los representantes de la región Ica— votaron a favor de la ampliación del Reinfo, el régimen que, lejos de cumplir su promesa de formalizar la pequeña minería, sirve de escudo legal para operaciones ilícitas en todo el país, tal como lo advierten varios especialistas.

Paradójicamente, muchos de estos legisladores salen ahora a expresar su “solidaridad” con las víctimas y sus familias, pese a que respaldaron la continuidad de un sistema normativo que permite la expansión de la minería ilegal, justamente la que hoy desangra regiones como La Libertad, Madre de Dios y Puno, entre otras.

En la última ampliación del Reinfo —cuestionada por diversos sectores y observada por el Tribunal Constitucional— 87 congresistas de diversas bancadas apoyaron la medida. Entre ellos, figuran los cuatro parlamentarios iqueños: Raúl Hauman Coronado, José Luis Elías Avalos, Jorge Marticorena Mendoza y Raúl Felipe Doroteo Carbajo.

Desde su implementación en junio de 2017, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha recibido más de 90 mil solicitudes. Sin embargo, solo 2.108 lograron culminar con éxito el proceso de formalización, es decir, apenas el 2.34 % del total. Una vez formalizados, estos salen del registro, lo que deja un enorme volumen de operaciones “en proceso”, muchas de las cuales siguen funcionando sin controles reales ni fiscalización efectiva.

El Reinfo, que inicialmente fue planteado como una herramienta transitoria para atraer a la legalidad a los pequeños mineros informales, terminó convirtiéndose en un salvoconducto para actividades ilegales, amparadas por la propia permisividad normativa del Congreso.

Tras la masacre en Pataz, varios de estos congresistas han difundido comunicados de solidaridad, exigiendo seguridad y justicia. Sin embargo, la contradicción es evidente: avalaron con su voto una norma que ha facilitado el crecimiento de la minería ilegal, precisamente el sector que estaría detrás del asesinato de los 13 trabajadores.

Cabe señalar que, en el año 2024, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ica informó que tiene recursos económico limitados, ya que todos los años, el Ministerio de Energía y Minas celebra un convenio con el GORE para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, pero solo se transfiere entre 90 mil a 250 mil soles, monto insuficiente para un avance célere de la formalización minera, ya que se debe contratar el personal especializado (ingenieros de minas, metalúrgicos, ambientales y/o abogados) para que brinden las capacitaciones, que son muy necesarias, a los pequeños mineros y mineros artesanales en la región. Para ese año se registraban hasta 2704 mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera – REINFO.

En la región Ica, específicamente en la provincia de Nasca, la minería ilegal se camufla. El 24 de marzo se ejecutó el megaoperativo que desarticuló a la organización criminal “Kilates”. El fiscal detalló que se incautaron 22 kilos de oro valorizados en millones de soles y estaban en una agencia de servicios portuarios, en Lima. Según la tesis fiscal, los miembros de esta organización criminal habrían blanqueado el oro de procedencia ilícita a través de diversas empresas, que también operaban en la provincia de Nasca.

Tres días después, el 27 de marzo del 2025, la policía de Nasca, intervino un campamento informal en la zona de Sinccache, en el límite con Ayacucho, donde hallaron 93 explosivos, dos generadores eléctricos, un saco y medio de nitrato, un rollo de mecha de seguridad, dos palas y una comba. Fueron detenidas tres personas.