(REDES) ha identificado que, en Ica, más de 407 mil personas (38% de la población) enfrentan una situación económica frágil que amenaza su estabilidad y bienestar. De ese grupo, cerca de 64 mil ya viven en situación de pobreza, según el

Viven en pobreza

Pero no son los únicos en riesgo. Hay otras 343 mil que, aunque técnicamente no son pobres, están a solo un paso de caer en ella. Se trata de personas con vulnerabilidad económica que, ante algún evento adverso, pueden ver limitada su capacidad de gasto y terminar cayendo en la pobreza. Basta con alguna enfermedad grave dentro de la familia, la pérdida del empleo, la quiebra de un negocio o una mala cosecha para que su situación realmente se complique. Con estas cifras, en la región, cuatro de cada diez personas viven en pobreza o están en riesgo constante de entrar en ella.

César García, economista de REDES, señaló que si bien es cierto se ha registrado un descenso de la pobreza en el último año, resulta todavía insuficiente. “El aumento en los ingresos ha sido mínimo y ha quedado absorbido por el mayor costo de vida, por lo que muchas familias no perciben una mejora real. La reducción de la pobreza es más un efecto rebote tras el mal año económico de 2023. Es decir, las cifras mejoraron porque partíamos de un nivel muy bajo, pero la situación sigue siendo peor que en 2022 y aún más grave que antes de la pandemia. Si seguimos avanzando lentamente, podrían pasar hasta 20 años para volver al nivel de pobreza de 2019, que era del 2.6% en la región”, agregó.

Recordemos que la pobreza monetaria se calcula según lo que una familia puede gastar, no solo por lo que gana, sino por cuánto puede cubrir en alimentos, vivienda, transporte y otros gastos básicos. Hoy, de acuerdo con datos a nivel nacional, se estima que una familia promedio necesitaría contar con al menos S/1,816 para su subsistencia. Si su capacidad de gasto está por debajo de ese monto, se considera que la familia se encuentra en condición de pobreza.

Uno de los factores que más obstaculiza ese progreso es el empleo, y en específico la falta de empleo formal. “Para impulsar la creación de empleos de calidad, es fundamental incentivar la inversión privada, especialmente en sectores estratégicos con alto potencial, como la agricultura y el turismo. Sin embargo, para que esto ocurra, se requiere estabilidad política, confianza empresarial y un marco normativo claro y predecible. Sin empleo formal y bien remunerado, es prácticamente imposible reducir la pobreza”, señaló el especialista.

Precisamente, más del 80% de quienes viven en pobreza y vulnerabilidad económica en el país trabaja en el sector informal. A ello se suma un acceso muy limitado a servicios esenciales: solo el 30% de personas en estas condiciones tiene agua de manera constante, y menos de la mitad cuenta con conexión a Internet, reduciendo sus posibilidades de desarrollo y competitividad.

“La lucha contra la pobreza requiere el despliegue de distintas acciones. Es fundamental que el Estado implemente una estrategia integral que enfoque sus intervenciones en cerrar brechas en áreas con mayores desafíos estructurales. No se trata solo de aumentar la inversión, sino de hacerlo de manera estratégica, con un enfoque territorial y normas claras. La colaboración entre el Estado y el sector privado es clave para crear oportunidades sostenibles y promover un desarrollo inclusivo”, concluyó García.

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