:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
La reciente decisión del Ministerio de Cultura de reducir drásticamente el área protegida que resguarda las emblemáticas Líneas de Nasca y los geoglifos de Palpa continúa generando una fuerte ola de críticas por parte de arqueólogos, guías turísticos, defensores del patrimonio y organizaciones civiles.
Denuncias de afectación
Aunque uno de los artículos de la Resolución Viceministerial N.° 000128-2025-VMPCIC/MC fue eliminado, el nuevo polígono aprobado reducía la zona resguardada de 5,600 km² a 3,235 km², liberando más de 2,300 km² del área que antes contaba con protección legal. Esto ha encendido las alarmas entre especialistas que denuncian daños y riesgos irreversibles en el patrimonio cultural y natural.
En ese contexto, se llevó a cabo la conferencia “Atentados contra el patrimonio cultural dentro de la poligonal de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa”, donde se presentaron imágenes y datos alarmantes sobre la afectación en el área, algunos de ellos proporcionados por el Ingemmet.
El guía turístico Leo Rojas expuso un detallado mapa comparativo que evidencia el recorte de la poligonal original. Señaló que dentro del nuevo perímetro liberado existen actividades humanas que ya han dañado geoglifos, como plantas mineras informales, proyectos agrícolas sin fiscalización y zonas con basura, restos de petróleo y construcciones ilegales.
Entre los puntos más críticos se mencionó la Pampa de Chauchilla, donde una figura morfológica con forma de cola de ave ha sido afectada por prácticas como el motocross. También se ha evidenciado la apertura de zanjas profundas para futuras construcciones.
Asimismo, en Tulin, se denunció la existencia de una planta minera a pocos metros de un trapecio, mientras que en zonas como Huiracangana —reconocida como área natural protegida— los cerros donde habitan especies como el huanaco y el zorro salvaje se encuentran en peligro.
“En Nasca hay demasiada afectación. El Ministerio de Cultura dice que se hicieron estudios por 20 años, pero no muestran documentos. Nosotros tenemos imágenes que demuestran la existencia de cientos de geoglifos en peligro de desaparecer”, sostuvo Rojas.
Patrimonio en riesgo
Durante la conferencia también se reportó que los acueductos prehispánicos de Cantayo —algunos de los cuales ya han colapsado— no están siendo conservados ni por el Ministerio de Cultura ni por las autoridades locales. Antes se reportaban 3 o 4 acueductos dañados; hoy ya serían entre 8 y 10.
En otras zonas como Quemazón, Socos y Los Paredones (a tan solo un kilómetro del centro de Nasca), también se ha registrado afectación directa. En Los Paredones, por ejemplo, se habría detonado dinamita para abrir una cantera bajo el pretexto de extraer piedras, pese a ser parte del área protegida.
El presidente de ANGUTUR Nasca, Percy Pizarro, informó que se ha planteado un recurso de nulidad contra las resoluciones viceministeriales 128 y 134, y que el 18 de junio se hizo llegar al Ministerio de Cultura una impugnación formal por la presunta violación a la Resolución Directoral N.° 654-2004 del INC, que garantiza la intangibilidad del área arqueológica.
Denuncia penal
Por su parte, la abogada Noemy Castañeda presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Patrimonio Cultural, involucrando a Jhony Augusto Isla Cuadros, Janet Ángela Gutiérrez Uchuya y al alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo Quispe, por el presunto delito de atentado contra el patrimonio cultural.
Castañeda denunció un “modus operandi” en el que se permitiría la ocupación progresiva de áreas protegidas para luego liberarlas oficialmente, beneficiando a empresas ya instaladas que obtienen certificados de posesión y títulos de propiedad.
“El mecanismo, el modus operandi del Ministerio de Cultura es que se llena todo de población, de empresas, que no se puede porque está la reserva, y de la noche a la mañana liberan, cuando estas personas ya avanzaron, ya están con certificado de posesión, con títulos y son evidentemente los beneficiados”, dijo.
“Estamos hablando de más de 5 mil kilómetros cuadrados donde debería haber una mesa técnica para ordenar el uso del suelo: qué área es para agricultura, cuál para minería formal y cuál debe permanecer intocable”, agregó.
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