Chincha: Detectan privilegios con postor en obra

La reconstrucción del cerco perimétrico, servicios higiénicos, 13 aulas del colegio Túpac Amaru del poblado de Lurinchincha, fue uno de los 491 proyectos del sector Educación priorizados por el Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR) que se ejecutaron después del devastador terremoto del 15 de agosto del 2007.

Si bien la reedificación del plantel ubicado en el distrito de Chincha Baja, se concluyó; existen irregularidades en el proceso de licitación que la comisión investigadora del Congreso de la República logró detectar.

La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, recibió el Informe Técnico N° 007-2012 de la citada comisión que lo presidía el congresista Rogelio Canches Guzmán; y abrió investigación preliminar contra Sabino Gálvez Córdova, Hernán Saravia Saravia, Luz Milagros Márquez Aquije y Alfredo Federico Oré La Fuente, por el delito de colusión. Este último será investigado, también por el delito de falsificación de documentos.

El fiscal Vinces Franklin Solano Sheron citó para el 29 de setiembre a Gálvez Córdova, Saravia Saravia, Márquez Aquije y Oré la Fuente.

Al día siguiente brindarán su declaración testimonial el exalcalde de Chincha Baja, Emilio del Solar Salazar, Daniel Martínez Melchor, Arnaldo Humberto Mogollón Miranda y Máximo Beingolea Ochoa. Y el 1 de octubre lo harán José Claudio Gonzáles Urquizo, Juan Domingo Chacaltana Espinoza y María del Rosario Peves Napa.

INVESTIGACIÓN. El informe final dice que en las bases del proceso de contratación se habría incluido requerimientos y condiciones para favorecer al postor consorcio Lurinchincha (integrado por las empresas Constructora Bazán Contratistas Generales SRL y Oré Ingenieros SRL), limitando a otros postores que no fueron invitados.

Una de las condiciones incluidas en las bases, se advierte el requisito de “haber sido invitado a participar en el proceso de selección”.

El sólo hecho de no haber sido invitado impedía la participación de otros contratistas en la licitación, para permitir al consorcio Lurinchincha quedar como única propuesta y obtener la buena pro.

El Comité Especial el 24 de setiembre del 2009, habría cursado invitaciones a cuatros empresas: Constructora e Inversiones del Norte (Áncash - Chimbote), Seregel Contratistas Generales SAC (Ica), Constructora Bazán Contratistas Generales SRL (Puente Piedra - Lima) y Suárez Construcciones y Equipamiento SRL (Piura).

De las cuatro empresas invitadas, Constructora e Inversiones del Norte y Suárez Construcciones y Equipamiento SRL, tienen domicilios en Áncash y Piura, respectivamente; lugares distantes al distrito de Chincha Baja, lo que impedía presentar sus propuestas en el plazo de un día, según cronograma de proceso.

Asimismo, la empresa Seregel Contratistas Generales SAC un día antes que el Comité Especial le cursara la invitación, presentó a la Municipalidad de Chincha Baja un documento con su perfil empresarial, donde señalaba su capacidad máxima de contratación ascendente a un millón 623 mil 457 mil.

PRIVILEGIOS. Por la cifra no calificaba para ser admitido como postor por ser inferior al valor referencial de la obra de reconstrucción del colegio de Lurinchincha, que era de dos millones 073 mil 819 soles.

De las cuatro empresas que fueron invitadas, sólo dos presentaron propuestas: Constructora Bazán Contratistas Generales SRL y Oré Ingenieros SR, formaron el consorcio Lurinchincha. El otro que presentó fue Seregel Contratistas Generales SAC. Éste último quedó descalificado. Consorcio Lurinchincha se adjudicó la buena pro de la obra el 28 de setiembre del 2009.

Se estableció también como requisito contar con Ingeniero Civil de 25 años de colegiado. Para la comisión investigadora era innecesario. Para cumplir con dicho requisito, se presentó al Ingeniero Civil Arnaldo Humberto Mogollón Miranda, que tenía para esa fecha 31 años de colegiatura. Para la comisión que preside Rogelio Canches la inclusión de tal requisito estuvo orientado al citado postor.

EXPERIENCIA en duda. También se detectó irregularidades como la asignación de puntajes que no le correspondían al consorcio Lurinchincha en la calificación técnica del factor experiencia en obras similares. El postor ganador tras la revisión de los documentos no reunía con los requisitos.

El citado consorcio presentó copias de contratos, constancias y actas de recepción de obra, por un monto total acumulado de 865 mil 504 soles, por la construcción de establos, laboratorio analítico de fundición y bases para transformadores, las cuales no tienen ninguna similitud con obras de infraestructura como edificaciones, colegios e inmuebles establecidos en las bases.

Por la experiencia en obras similares le correspondía cero puntos, con la cual el consorcio Lurinchincha aún cuando obteniendo el puntaje máximo en otros factores sumaría 70 puntos. No alcanzaba el puntaje mínimo de 80 puntos y el postor quedaba descalificado.

El postor ganador para sustentar su propuesta respecto a la experiencia en obras similares habría presentado documentos presuntamente falsos, con signos de firmas trasplantadas de otros documentos firmado por Juan Carlos Huyhua Mamani, presidente y gerente general de la empresa Doe Run Perú, así como la firma del gerente general de la empresa Oré Ingenieros SRL.

¿FIRMAS ADULTERADAS? Asimismo, para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos y sólo para fines de obtener el puntaje máximo de 25 puntos en el factor experiencia y calificación del propuesto (residente de Obra) se habría utilizado ilícitamente el currículum vitae del ingeniero civil Arnaldo Humberto Mogollón Miranda, ya que según el informe final, la firma consignada, diferiría con la firma registrada en el DNI del citado profesional y la ficha obtenida del RENIEC.

También en los documentos para sustentar la experiencia como residente de obra, se habría presentado dos contratos de trabajo por servicios profesionales de la empresa Bedy Cons EIRL del 30 de noviembre del 2007 y 01 de julio del 2008, los mismos que serían presuntamente falsos al presentar signos de firmas trasplantadas de otro documento firmado por el señor Máximo Beingolea Ochoa y la firma del Ingeniero Civil Arnaldo Humberto Mogollón Miranda que diferiría con la firma registrada en su DNI y la ficha RENIEC.

Por otro lado, la vigencia de la carta fianza N° E1153-00-2009 otorgado por la empresa Secrex-Seguro de Crédito y garantía como garantía de fiel cumplimiento no alcanzaría el plazo de ejecución de la obra de 210 días calendarios.

RESIDENTES en la mira. Asimismo se habría adjuntado el curriculum vitae y el certificado de habilidad del Ingeniero Civil Juan Domingo Chacaltana Espinoza, profesional que no fue presentado como residente de obra en su propuesta técnico, sino Mogollón Miranda, cambio que se habría efectuado sin la autorización y que no reunía las calificaciones similares o superiores al profesional reemplazado.

Los documentos de Chacaltana Espinoza, fueron utilizados por el consorcio para únicamente lograr la suscripción del contrato, ya que en el acto de entrega del terreno e inicio de la obra realizada el 21 y 22 de octubre del 2009, se presentó como residente de obra a otro profesional. Esta vez era el arquitecto José Claudio Gonzáles Urquizo.

El consorcio Lurinchincha incumplió su propuesta ofertada respecto al residente de obra, Arnaldo Humberto Mogollón Miranda quien no habría asumido funciones, ya que el arquitecto Gonzáles Urquizo ejerció la residencia desde el inicio de la obra hasta el 21 de abril del 2010.

En esta última fecha, el consorcio volvió a solicitar cambio de residente por el ingeniero Saúl Hernán Padilla Tasayco, y fue este último quien culminó la obra.

También existió anomalías en la modificación de la designación del Comité Especial del proceso de licitación de la citada obra, como considerar entre los miembros titulares al representante del área que elaboró el expediente.

La Fiscalía Anticorrupción citó a los investigados para que brinden su declaración de lo contrario serán llevados con la Policía Nacional. Ocho años después del terremoto, se abre la posibilidad de sancionar a funcionarios que cometieron irregularidades.