Fianzas de COOPEX tenían respaldo judicial

Las cartas fianza del consorcio AMIN y San Fernando, ejecutoras de las obras del Hospital San José de Chincha y puente Huaracco en Palpa respectivamente, tienen una partida de nacimiento común.

Según explicación del gerente del Gobierno Regional de Ica, José Girao Oliva, la jueza del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, Liliana Otero Salinas, en el 2010 aceptó la medida cautelar genérica y otorgó legalidad a las garantías de COOPEX.

Explicó que la orden judicial era reconocer y publicar en la página de la SBS y la OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado) la validez de las cartas fianza de COOPEX, y por lo tanto podrían participar en procesos de contratación con el Estado peruano.

“Por un mandato judicial le daban legalidad a las cartas de COOPEX, y los mandatos judiciales son de estricto cumplimiento, de no cumplirlas ibas a ser denunciado por delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad o desacato”, afirmó Girao Oliva.

HUARACCO. En el último año de gestión de Rómulo Triveño Pinto, el consorcio San Fernando gana la buena pro para construir el puente Huaracco. 

El 3 de enero de 2011, a dos días de que Alonso Navarro Cabanillas asumió el poder, ingresa la carta fianza de adelanto directo; y el 14 de febrero del mismo año, la garantía de adelanto de materiales.

El gerente dice que ambas cartas fueron cuestionadas en su momento, pero venían avaladas por el Poder Judicial (fallo de un juzgado del Santa). Tenían validez por mandatos judiciales.

Según documentos al que accedió Correo, recién en octubre de 2011 la SBS emite un pronunciamiento y señala que las cartas de COOPEX no tienen valor.

¿Qué había sucedido? Un juzgado le aceptó la medida cautelar, pero una sala de la Corte del Santa lo declaró improcedente. Y se cayó todo el negociado para COOPEX.

“Con el revés judicial, las garantías de COOPEX se quedaron en el aire y no tenían efecto sin el respaldo del Poder Judicial”, explicó Girao Oliva.

Solo después de eso, el Gobierno Regional de Ica empezó a tomar el toro por las astas. Navarro Cabanillas remitió sendas cartas notariales al consorcio San Fernando y AMIN para cambiar las garantías por una que sea reconocida por la SBS. Para esa fecha ya las obras tenían cierto avance.

Ninguno de los dos consorcios cumplió con cambiarlas por garantías reconocidas. Girao Oliva afirmó que se resolvió el contrato con San Fernando e inició acciones legales en la vía penal y civil.

En el primero, las denuncias por estafa, asociación ilícita para delinquir y otros delitos no prosperaron. Las fiscalías de Palpa y Nasca decidieron no formalizar investigación contra los operadores de San Fernando. Y quedó archivado.

En la vía civil es donde solicitan una indemnización por los daños ocasionados y el proceso sopla a favor por ahora del Gobierno Regional de Ica.

SAN JOSÉ. Respecto a la obra del Hospital San José, se conoció que el Gobierno Regional de Ica realizó consultas sobre si las cartas fianza de COOPEX tenían valor o no. 

El 27 de octubre de 2010 (Gestión de Triveño Pinto), el procurador público Ad Hoc de la OSCE, Walter Palomino Cabezas, dice que las cartas de COOPEX se encuentran autorizadas (tiene validez) por mandato judicial.

El 10 de junio de 2011, Navarro Cabanillas recibe un fax de la OSCE informándole que “COOPEX está acreditada para trabajar”. Tenía respaldo y sí cumplía con los requisitos para contratar con el Estado con los mismos derechos que otros postores.

El Gobierno Regional de Ica cuestionó las garantías de AMIN y este acudió a la vía judicial.
Es así que el juez del Juzgado Civil de Pisco, Víctor Manuel Mendoza Napa, el 30 de mayo de 2011 dicta la resolución N° 01 y declara fundada la medida cautelar de AMIN, y obligaba a Navarro Cabanillas a reconocer tres cartas fianza: fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de materiales.

Para esa fecha seguía vigente la medida cautelar del juzgado del Santa y las garantías de COOPEXZ tenían validez. Navarro Cabanillas a regañadientes dispuso la ejecución de las cartas fianza.

QUé TAL JUEZ. Pese a ello, el Gobierno Regional, la SBS y la OSCE, el 9 de agosto de 2011, interpusieron un recurso de oposición al mandato judicial de Mendoza Napa. 

El cuestionado Mendoza Napa emite la resolución N° 11 y declara fundada la oposición el 11 de setiembre de 2011, y dejaba sin efecto la medida cautelar que había otorgado a favor de AMIN el 30 de mayo de 2011. 

¡De ripley! Mendoza Napa se desdijo, pero el daño ya estaba ocasionado. AMIN ya había cobrado.
Después vendría la historia conocida de que se le rescindió el contrato a AMIN y otra empresa terminó por ejecutar el Hospital San José.

El Gobierno Regional de Ica denunció también a AMIN por los delitos de estafa y el proceso penal va por buen camino, por ahora.