La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca investiga la presunta reducción irregular de 2,397 km² del área protegida de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, patrimonio mundial de la Unesco, lo que habría dejado vulnerables más de 100 sitios arqueológicos.
Funcionarios como el alcalde de Nasca, William Bravo, y representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica están bajo investigación por posibles delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes y abuso de autoridad.
La reducción, aprobada mediante una resolución cuestionada, habría favorecido intereses vinculados a la minería informal y el tráfico de terrenos sin sustento arqueológico ni procedimientos legales adecuados, poniendo en riesgo la conservación del patrimonio cultural.
La Fiscalía Anticorrupción también participa en la investigación para determinar posibles beneficios ilícitos.
Ante la polémica y críticas a nivel nacional e internacional, el Ministerio de Cultura anuló la resolución que recortaba el área y restableció el perímetro original de 5,633 km², además de anunciar la creación de una unidad ejecutora para la gestión del sitio.
Sin embargo, el caso sigue generando preocupación por la vulnerabilidad del patrimonio y la amenaza de actividades ilegales en la zona.
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