El Ministerio Público ha formalizado una investigación preparatoria contra exautoridades y ex decanos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica por presunta usurpación de funciones.
Fraude académico
La medida fue dictada por el fiscal de la Segunda fiscalía provincial Penal Corporativa de Ica, Víctor Hugo Arias Torrejón, emitida el 13 de enero de 2025. Esta investigación se centra en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario realizada el 21 de septiembre de 2023, en la que se declaró la vacancia de la entonces rectora encargada, Ana María Kuroki de Kawata, sin contar con las facultades legales para ello.
Entre los investigados se encuentran los exdecanos José Ernesto Rojas Campos, Reymundo Calderón Pino, Simón Pelayo Huamaní Atocsa, Roberto Fredy Serpa Rodríguez y Timoteo Torres Pinchi. Según el Ministerio Público, estos exfuncionarios habrían actuado de manera irregular al tomar decisiones administrativas sin contar con la debida legitimidad. Además, la UNICA no contaba en ese momento con una Asamblea Universitaria constituida, instancia que, según la Ley Universitaria, es la única facultada para declarar la vacancia del rector.
La investigación también se amplió el 27 de enero de 2025 para incluir a Cecilia Paquita Uribe Quiroz, quien asumió el cargo de rectora interina de manera presuntamente ilegal, así como a los exvicerrectores Manuel Antonio Acasiete Aparcana y Dante Fermín Calderón Huamán. Según la Fiscalía, estos funcionarios habrían ocupado sus cargos sin cumplir con los requisitos legales establecidos en la normativa vigente.
El documento fiscal también involucra a Rolando Ruiz Llatance, jefe de la unidad de Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), por presunto abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y aceptación ilegal del cargo. Se le acusa de haber permitido el registro de nuevas autoridades sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley. Asimismo, se ha incluido en la investigación a Marsha Kristy Ore Choque, quien asumió el cargo de secretaria general de la universidad sin contar con una resolución oficial que la acreditara en dicho puesto.
El Ministerio Público ha establecido un plazo de 120 días para la investigación preparatoria, tiempo durante el cual se recabarán pruebas y testimonios que permitan determinar si las acciones de los investigados configuran delitos tipificados en el Código Penal.
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