ha interpuesto una acción de amparo ante el Poder Judicial y apelado la decisión del Concejo Municipal de Ica que revierte un terreno de 11 hectáreas ubicado en el sector de La Victoria a favor de la

Cuestionan reversión

El abogado de la empresa, Dr. Christian Alex Delgado Suárez, indicó que se trata de una acción que califica como abusiva, ilegal e inconstitucional, ya que —según afirmó— la reversión del terreno se habría ejecutado mediante un pacto desconocido por la empresa propietaria.

“Estamos litigando porque lo que la municipalidad pretende, y de hecho ya está ejecutando, es quitarle la propiedad a Villa Inmaculada S.A.C. mediante una reversión de la cual la empresa nunca fue notificada ni tuvo conocimiento”, declaró el letrado.

Delgado Suárez cuestionó que la municipalidad haya sustentado la reversión en normas anteriores al año 1998, señalando que se estarían aplicando disposiciones de forma retroactiva, lo que contraviene el marco del Código Civil vigente y el principio de legalidad.

“El terreno fue transferido mediante una donación en el año 2014, y se están utilizando normas del año 1985 que no son aplicables al caso. Además, la municipalidad ha difundido afirmaciones erróneas, como que el caso ya fue resuelto en 2024, cuando lo que se declaró fue la improcedencia de una demanda anterior, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto”, explicó.

Audiencia clave

El abogado adelantó que en la audiencia pública programada para la próxima semana expondrá los argumentos que sustentan la acción de amparo, cuya finalidad es dejar sin efecto el acto de reversión, así como las inscripciones registrales que se hayan hecho en ese marco.

“La jueza tiene claro que puede neutralizar esta inscripción y declarar la ineficacia del acto de reversión. Esto no es negligencia: aquí hay un acto intencional, un intento deliberado de despojar a una empresa privada de su propiedad sin el debido proceso”, enfatizó.

Según el letrado, este caso podría convertirse en un precedente nacional, al evidenciar presuntos abusos de autoridad y arbitrariedad por parte de una entidad pública. Afirmó que también se han iniciado acciones penales paralelas por el presunto delito de abuso de autoridad.

“La negligencia normalmente responde a un error involuntario y acá no estamos ante un error involuntario o que hay sido desconocido por la municipalidad, estamos ante un acto intencional, voluntario de querer despojar de propiedad a una empresa privada, y más que negligencia hay mala fe, en querer sacar clausulas a una empresa que nunca supo del proceso. La estrategia que se ha diseñado es un proceso constitucional, que lo que se busca es dejar sin efecto todos estos pactos, todas estas inscripciones, ya hay una seria de acciones penales por presunto abuso de autoridad, es una vía distinta a la constitucional”, finalizó.

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