La Contraloría General detectó una serie de irregularidades en la adquisición y mantenimiento de 10 camiones compactadores de la Municipalidad Provincial de Ica, lo que podría poner en riesgo la inversión realizada para mejorar la limpieza pública en la ciudad.
Exhaustiva auditoría
Entre los años 2023 y 2024, la municipalidad dio conformidad a los vehículos a pesar de que el sistema de compactación no cumplía con todas las características ofertadas por el postor ganador del concurso público. Además, no se realizó el mantenimiento completo de las unidades, lo que implicó un sobrecosto de 16 mil 102 soles, en lugar de haber utilizado la garantía comercial y técnica de los bienes.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 054-2024-2-0406-AC, el contratista DIVEIMPORT S.A. ofreció vehículos con un sistema de compactación de los vehículos sería manual y automático, por lo cual obtuvo mayor puntaje en el proceso de selección. Sin embargo, las unidades entregadas contaban con un sistema manual y semiautomático. A pesar de esta diferencia, la entidad no realizó observaciones y efectuó el pago de 4 millones 527 mil 027 soles al proveedor el 10 de octubre del 2023.
Tras un control a detalle se evidenció que algunos neumáticos de unidades, se encuentran deformados en la parte inferior, ballesta del sistema de suspensión que presenta oxido, unidades con el botón de parada de emergencia roto, unidades con luces rota, quemadas y cables desconectados, bandeja de lixiviados dañada. Las cajas de herramientas se encontraban en el almacén, pero estaban incompletas y en algunos casos vacías, pese a que son necesarias para las reparaciones de las unidades cuando presenten problemas menores.
Además, las bases del concurso no incluyeron una garantía de fiel cumplimiento que obligara al postor ganador a brindar mantenimiento preventivo y correctivo a las compactadoras durante un año. Tampoco se utilizó la garantía comercial de los vehículos. Por el contrario, la municipalidad asumió los costos del mantenimiento, que fue realizado por terceros sin detallar las actividades ni los insumos empleados y excluyendo el mantenimiento de las cajas de compactación.
En este caso, se interpuso una demanda arbitral que falló a favor del contratista. Sin embargo, la entidad ha solicitado la nulidad de dicho fallo en la instancia judicial. La Contraloría ha identificado a nueve funcionarios con presunta responsabilidad civil, penal o administrativa, según lo señalado en esta auditoría.
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