La Contraloría General de la República, a través de la Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social, emitió el Informe de Orientación de Oficio N.° 5054-2025-CG/PCCS-SOO, en el cual se advierte que la Municipalidad Distrital de Parcona no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales, pese a que este es un requisito obligatorio para la gestión ambiental.
Vacío ambiental
El informe, elaborado tras una evaluación realizada entre el 27 de mayo y el 25 de junio de 2025, señala que la omisión pone en riesgo la implementación de las actividades necesarias para la recuperación de zonas impactadas por la acumulación permanente de residuos.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, los gobiernos locales tienen la obligación de presentar y aprobar este plan ante la autoridad ambiental competente. Sin embargo, al consultar en el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) del OEFA, se constató que Parcona no registró dicho documento.
El OEFA informó que a nivel nacional se han identificado 1,996 áreas degradadas por residuos sólidos, de las cuales 1,904 aún no cuentan con un plan o programa aprobado. En el caso específico de Parcona, la falta de este instrumento de gestión limita la adopción de medidas efectivas para proteger la salud pública, mejorar la calidad ambiental y asegurar el desarrollo sostenible.
La Contraloría recordó que el plazo para la presentación de estos planes venció el 10 de enero de 2025, aunque la Ley N.° 32212 otorgó una ampliación excepcional de un año. Pese a ello, la municipalidad no cumplió con presentar el documento, lo que podría derivar en sanciones administrativas por parte del OEFA.
En sus conclusiones, la entidad fiscalizadora advierte que la situación constituye una adversa omisión institucional que compromete los objetivos del proceso de recuperación de áreas degradadas en el distrito. Por ello, recomendó que el alcalde de Parcona adopte de manera urgente las acciones preventivas y correctivas, e informe en un plazo máximo de cinco días hábiles las medidas adoptadas al Órgano de Control Institucional.
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